Arqueología pública

comenzaron a convertirse en un laboratorio para el desarrollo de actividades con la comunidad que más adelante se exportaría al resto del continente.En los últimos años, cuestiones como el tráfico ilícito de antigüedades, el uso político de la arqueología, su impacto económico o la imagen que se proyecta a la sociedad, se han convertido en los temas centrales.En la segunda década del siglo XXI, países como el Reino Unido o Suecia cuentan con programas muy interesantes de investigación al respecto.Otros como Francia han apostado por un modelo de arqueología preventiva que se centra en la gestión del patrimonio, y en esa misma línea, pero con orientaciones muy variadas se han movido otros países del Mediterráneo que siguen la concepción francesa de patrimonio.Sería a principios del siglo XXI cuando los nuevos planteamientos que llegaban desde el Reino Unido, especialmente del Instituto de Arqueología (UCL Institute of Archaeology) de Londres, presentarían reflexiones al respecto.[9]​ Los datos siguen siendo pocos para poder extraer unas conclusiones mucho más concretas, pero son buenos referentes de las causas y el estado actual.Las leyes son claras y restrictivas al respecto, teniendo en cuenta sobre todo el valor identitario de los bienes culturales.