No existen estadísticas sobre el porcentaje de la población que tiene servicio continuo.La Ley de Agua, que fue aprobada en 1997, asigna las responsabilidades del sector.En sus primeras décadas fue una empresa con amplia capacidad financiera y de recursos humanos.Sin embargo, no hubo ningún incremento tarifario desde el 1982, lo que ha debilitado mucho la capacidad financiera de la empresa.Primero, la mitad de los usuarios urbanos y casi todos los usuarios rurales no tienen medidor y entonces reciben una factura no relacionada con su nivel de consumo.Segundo, hasta para los usuarios medidos, la estructuria tarifaria no da un incentivo para el ahorro porque un bloque de consumo alto (10,000 galones por mes) es incluido en la tarifa básica residencial.[2] El BID apoyó el sector a través de varios proyectos.
