Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios
Desde 1947, el comercio internacional de mercancías estaba regulado por el GATT (General Agreement on Tariffs and Trade).
No obstante en la práctica resulta difícil, por no decir impracticable, cerrar al libre mercado un sector previamente liberalizado, al margen de las compensaciones que, según el acuerdo, debería asumir el miembro modificante.
Ciertos servicios públicos esenciales como el suministro de agua o electricidad a menudo son facturados a los consumidores, o tienen una financiación mixta público-privada, por lo que podría argumentarse que se prestan de modo comercial.
Lo mismo puede decirse de varios servicios relacionados con la sanidad y la educación, que ciertos países pretenden exportar.
Bajo la definición recogida en el AGCS, virtualmente cualquier servicio se presta en condiciones comerciales, a excepción de ciertas áreas como la policía, defensa, justicia y administración pública.
A largo plazo, esto podría propiciar la privatización o mercantilización de gran parte, o incluso de todos los servicios públicos disponibles para la población en general, considerados como un derecho social sostenido mediante impuestos.
Suscribían el documento la Association of Universities and Colleges of Canada (Canadá, el American Council on Education y el Council for Higher Education Accreditation (Estados Unidos, y la European University Association (Unión Europea).
[8] El Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) y el Center for International Environmental Law (CIEL), pusieron de manifiesto en su informe GATS,Water and the Environment ( El AGCS, el agua y el medio ambiente)[9] que el AGCS podía suponer una amenaza para la preservación de los recursos hídricos, al anular o desautorizar las legislaciones nacionales que protegen este recurso frente a la sobre-explotación o el vertido de contaminantes.
