[14] Las feministas extremeñas se movilizaron entre 2013 y 2014 en respuesta a los cambios propuestos en la ley del aborto por Alberto Ruiz-Gallardón.
[16] Históricamente, el acceso al aborto en España ha dependido de la dominación masculina ejercida sobre las mujeres y sus actividades reproductivas.
[17]El aborto se ha utilizado como un medio para afirmar el control no sólo sobre los cuerpos y la sexualidad de las mujeres, sino también para hacer cumplir las normas culturales de género y los ideales patriarcales en la sociedad en general.
[22] El Liber Iudiciorum fue una recopilación de leyes visigodas del rey Recesvinto que se promulgó en el año 654.
En aquella época, los visigodos controlaban casi toda la España actual, Portugal y Ceuta.
Como resultado, durante el período de 1985 a 2010, casi todos los abortos se realizaron en clínicas privadas.
Se planteó específicamente la falta de centros, especialmente públicos, que prestaran servicios para la interrupción voluntaria del embarazo en provincias donde no había ninguno.
Con este fallo el TC desestimaba el recurso de inconstitucionalidad presentado por diputados del Partido Popular contra la Ley Orgánica 2/2010, después de que el PSOE liberalizara las leyes sobre el aborto.
[42]Desde la semana catorce a la veintiuna, sólo se podía practicar un aborto si existía una razón médica para ello, como que la madre estuviera en riesgo.
A partir de la semana veintidós, sólo se pueden realizar abortos si se detectan anomalías fetales que sean incompatibles con la vida fuera del útero,[42] según ratificación del Tribunal Constitucional en febrero de 2023.
[39][40][41] En España se defiende que los servicios de interrupción voluntaria del embarazo en la sanidad pública sean gratuitos.
[46]En 2014 no se realizaron abortos en hospitales ni centros de salud públicos.
En ese año la región solo contaba con una clínica privada autorizada para abortar.
[56] En Extremadura durante los últimos años del franquismo, entre 1971 y 1975, se produjeron diversas diligencias previas incoadas por el delito de aborto en Badajoz.
[46]Paralelamente, en Extremadura también se gestionaron prácticas avanzadas en relación con la objeción de conciencia por parte del personal sanitario.
[64] Los investigadores y el gobierno sabían que existía un subregistro del número de IVE hechas en España en 1990.
El subregistro en Extremadura, Cataluña y el País Vasco fue alto, con estadísticas oficiales en las que no se reportaban cinco de cada diez abortos que tuvieron lugar durante ese periodo.
[12]Esta mismas autonomías registraron a nivel nacional el porcentaje más bajo de embarazos adolescentes que terminaron en aborto en 1995 respecto a los nacidos vivos, con una tasa inferior al cuarenta por ciento.
[69] En 2001, Castilla-La Mancha, País Vasco, Extremadura y Navarra registraron el menor número de abortos, con menos del diez por ciento de todos los embarazos que terminaron en interrupción voluntaria del embarazo.
[70][71]Las menores de Extremadura, Navarra y Murcia fueron las menos proclives a solicitar la interrupción voluntaria del embarazo, con menos del 35% de los embarazos en menores terminando en aborto.
El propósito del comité era tramitar las apelaciones presentadas sobre decisiones clínicas anteriores para permitir que una mujer se sometiera a un procedimiento de IVE que había sido rechazado por no cumplir con el artículo 15c de la Ley Orgánica 2/2010.
Esto representaba el 9,27% de todos los abortos realizados por mujeres que vivían en la región ese año.
El esfuerzo por cambiar la ley fue impulsado en gran medida por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.
El proyecto de ley permitía el aborto en determinadas circunstancias específicas, tales como si una mujer hubiera sido violada hasta la semana dieciséis de embarazo o si hubiera habido violación, "menoscabo importante y duradero” para la salud física o mental de la mujer o del feto hasta la semana veintidós del embarazo con al menos tres profesionales médicos aprobando el deterioro de la salud.
[86] En el período comprendido entre 2019 y 2022, que incluyó lo peor de la pandemia de covid-19 y las posteriores restricciones para viajar, la sanidad pública derivó a las mujeres que necesitaban un aborto a otras regiones para realizar el procedimiento.
[90] En 2020, noventa y una mujeres residentes en Extremadura fueron derivadas a clínicas privadas de otras comunidades autónomas,[90] por lo que tuvieron que desplazarse a Sevilla, Madrid y Salamanca.
[16] Ese año, alrededor del 27% de las mujeres residentes en Extremadura que abortaron no lo hicieron en la provincia donde vivían.
El Ministerio de Igualdad indicaba al Gobierno regional que, si era necesario, debían contratar médicos que realizaran procedimientos de interrupción voluntaria del embarazo si no hubiera ninguno en plantilla.
El castigo por acosar a las mujeres en esta nueva ley incluye penas de prisión.
[100] Ese mismo año se produjeron 149 interrupciones voluntarias del embarazo en mujeres menores de 20 años.