El aborto en Aragón, también conocido como Interrupción voluntaria del embarazo (IVE),[1][2] es legal desde 1985,[3][4]con importantes reformas realizadas en 2010 y 2022.
Estas objeciones podían llegar a prolongar hasta diez días el proceso para las mujeres que intentaban abortar.
[13] Históricamente, el acceso al aborto en España ha dependido del dominio masculino sobre las mujeres y sus actividades reproductivas.
[14] Se ha utilizado el aborto como un medio para afirmar el control no sólo sobre los cuerpos y la sexualidad de las mujeres, sino también para hacer cumplir las normas culturales de género y los ideales patriarcales en la sociedad en general.
[19] El control de la natalidad tiene una tasa de mortalidad femenina mucho más baja que los abortos, y es mucho más baja que la mortalidad femenina en España por abortos ilegales.
[19] El Liber Iudiciorum fue una recopilación de leyes visigodas del rey Recesvinto que se promulgó en el año 654.
En aquella época, los visigodos controlaban casi toda la actual España, Portugal y Ceuta.
[29] Si bien el aborto fue despenalizado en 1985, no se convirtió en un servicio ofrecido por la sanidad pública hasta un cambio en la ley en 2010.
El caso fue llevado originalmente a los tribunales por el Partido Popular en 2010, después de que el PSOE aclarara y liberalizara la legislación sobre el aborto.
[12] En 2021, en Aragón casi no se realizaron procedimientos de IVE en centros públicos hospitalarios.
[40] Huesca y Teruel no tenían ningún centro de salud público autorizado que realizara abortos en 2021.
[11]En 2019, los datos oficiales de Aragón decían que los abortos solo se habían realizado en centros sanitarios privados.
[53] Desde 1988 hasta 2021, en la provincia de Teruel no se realizó ni una sola interrupción voluntaria del embarazo.
[54][55][56]Teruel no cuenta con hospitales públicos ni clínicas privadas que realicen procedimientos de IVE.
[69] En Aragón, sólo un caso relacionado con el aborto fue encontrado por académicos especializados en investigaciones de la Inquisición.
Se trataba de una partera, y ninguna otra persona formaba parte del juicio.
La mayoría de las niñas no pudieron firmar con sus propios nombres cuando las trajo la Guardia Civil.
Los documentos judiciales indican que las mujeres solteras y las viudas abortaban para evitar la desgracia de tener un hijo fuera del matrimonio.
El tribunal reconoció los derechos del objetor y confirmó la discriminación contra el anestesista por motivos ideológicos y religiosos, aunque el no participar en una IVE no supuso un cambio de categoría ni una reducción de su salario.
[38] En 2001, las menores de Cataluña, Aragón, Baleares, Madrid, Castilla y León y Asturias fueron las que con mayor probabilidad solicitaron la interrupción voluntaria del embarazo, superando la media nacional por comunidades autónomas del 49,15% de embarazos en niñas menores que terminaron en un aborto.
Protestaban por el primer aniversario del cambio de la ley que liberalizó el acceso al aborto en España.
[10]Ese año, el motivo citado para más del 95% de los abortos realizados en la región fue la salud materna.
Esto representó el 4,10% de todos los abortos realizados por mujeres que vivían en la región ese año.
El esfuerzo por cambiar la ley fue impulsado en gran medida por el Ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.
[103] En 2014, las mujeres del PSOE Teruel se unieron al Tren de la Libertad para protestar por los cambios propuestos.
[90] La secretaria general del Grupo Local del PSOE Teruel, Mayte Pérez, dijo sobre la decisión de sumarse a la protesta, "los socialistas turolenses participaremos en esta iniciativa, para mostrar nuestro más rotundo rechazo a la nueva norma que prepara el Gobierno del Partido Popular y pedir la retirada del Anteproyecto de Ley, ya que supone una vuelta incomprensible e intolerable al pasado, y niega a la mujer la capacidad de decidir por sí misma sobre su propio cuerpo" [90] Después de que la artista visual y activista por los derechos de las mujeres.
[109]La pandemia provocó una caída del número de abortos en Aragón en 2020 y 2021, aumentando las cifras en 2022.
[110] Aunque se informó que en 2021 se habían realizado abortos en las provincias de Huesca y Teruel, el recuento oficial de abortos en esas provincias y ciudades fue cero ya que las mujeres se vieron obligadas a viajar a otra provincia para obtener una interrupción voluntaria de su embarazo.
El castigo por acosar a las mujeres en esta nueva ley incluye penas de prisión.
El Ministerio de Igualdad dijo al gobierno regional que, si era necesario, debían contratar médicos que realizaran procedimientos de interrupción voluntaria del embarazo si no hubiera ninguno en plantilla.