El aborto en Castilla-La Mancha, también conocido como Interrupción voluntaria del embarazo (IVE),[1][2] es legal.
[42] Históricamente, el acceso al aborto en España ha dependido del dominio masculino sobre las mujeres y sus actividades reproductivas.
[48] El Liber Iudiciorum fue una recopilación de leyes visigodas del rey Recesvinto que se promulgó en el año 654.
En ese momento, los visigodos controlaban casi toda la actual España, Portugal y Ceuta.
[58] Si bien el aborto fue despenalizado en 1985, no se convirtió en un servicio ofrecido por la sanidad pública hasta un cambio de la ley en 2010.
El caso fue llevado originalmente a los tribunales por el Partido Popular en 2010, después de que el PSOE aclarara y liberalizara la legislación sobre el aborto del país.
[67] Desde la semana catorce a la veintiuna, sólo se puede practicar un aborto si existe una razón médica para ello, como por ejemplo que la madre esté en riesgo.
[64][65][66] En España se apoya que los servicios de interrupción voluntaria del embarazo en la sanidad pública sean gratuitos.
Su finalidad era únicamente emitir su propio dictamen clínico, y no autorizar o negar la solicitud de aborto, sino actuar como un peritaje más.
[76] En 2005 no había hospitales públicos que realizaran procedimientos de IVE en Castilla-La Mancha.
[80] Aun existiendo clínicas privadas en Castilla-La Mancha, sólo había dos, una en Albacete y otra en Ciudad Real.
Como resultado, las mujeres tenían que cubrir solas todos los costos asociados con el aborto.
[14] En 2022, el único caso en el que una mujer podía abortar en la sanidad pública en Castilla-La Mancha era cuando un médico le daba una receta para un aborto farmacológico porque corría riesgo la vida de la madre o del feto, y eso únicamente en clínicas privadas a las que las públicas habían subcontratado el servicio.
[19] Los Colegios Oficiales de Médicos de Toledo y Cuenca dijeron en 2021 que no tenían una posición oficial sobre el tema del aborto, pero que se realizaron procedimientos en la IVE como se exige en la sanidad privada.
[84] Durante este periodo, las mujeres españolas viajaban a Reino Unido, Francia u Holanda para abortar si tenían pasaporte y podían permitírselo, porque el coste era un factor limitante.
[11][36][92][19][21] Las opciones populares a nivel regional fueron las clínicas privadas de Albacete o Miguelturra en Ciudad Real.
[82] La clínica y los activistas por el derecho al aborto entendieron que la decisión judicial se tomó por motivos políticos, no legales.
Los denunció a la policía después de que supuestamente lo empujaron y lo llamaron asesino.
El Ministerio de Igualdad dijo al Gobierno regional que, si era necesario, debían contratar médicos que realizaran procedimientos de interrupción voluntaria del embarazo si no hubiera ninguno en plantilla.
Quisieron cambiar esto en 2023 pero no pudieron hacerlo porque todavía faltan médicos en la región dispuesta a realizar abortos.
[101] La encuesta también preguntaba: "¿Está usted a favor o en contra de que se legalice el aborto en España?".
[33] Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia y Navarra registraron a nivel nacional el porcentaje más bajo de embarazos adolescentes que terminaron en aborto en 1995 respecto a los nacidos vivos, con una tasa inferior al cuarenta por ciento.
El 13% de los abortos en la región se produjeron en el segundo trimestre, una tasa superior al promedio nacional.
Este es un factor que disuade a algunas mujeres albaceteñas de recurrir al aborto.
[37] En 2016, Ganemos Albacete y el Grupo Socialista presentaron una petición al Gobierno de Castilla-La Mancha para "garantizar" la interrupción voluntaria del embarazo en un centro sanitario público.
El esfuerzo por cambiar la ley fue impulsado en gran medida por el Ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.
Entre estas provincias se encontraban tres de Castilla-La Mancha: Toledo, Cuenca y Guadalajara.
El castigo por acosar a las mujeres en esta nueva ley incluye penas de prisión.
[121] Ese año se produjeron 376 interrupciones voluntarias del embarazo en mujeres menores de veinte años.
La cifra a nivel nacional representó un aumento del 9% respecto al año anterior.