[10] Las feministas locales participaron en la lucha por la despenalización del aborto durante la Transición democrática.
[13] Históricamente, el acceso al aborto en España ha dependido del dominio masculino sobre las mujeres y sus actividades reproductivas.
[14] El aborto se ha utilizado como un medio para afirmar el control no sólo sobre los cuerpos y la sexualidad de las mujeres, sino también para hacer cumplir las normas culturales de género y los ideales patriarcales en la sociedad en general.
[19] El control de la natalidad tiene una tasa de mortalidad femenina mucho más baja que los abortos, y es mucho más baja que la mortalidad femenina en España por abortos ilegales.
[19] El Liber Iudiciorum fue una recopilación de leyes visigodas del rey Recesvinto que se promulgó en el año 654.
En aquella época, los visigodos controlaban casi toda la actual España, Portugal y Ceuta.
[30] Si bien el aborto fue despenalizado en 1985, no se convirtió en un servicio ofrecido por la sanidad pública hasta un cambio en la ley en 2010.
Se abordó específicamente la falta de centros, especialmente públicos, que prestaran servicios para la interrupción voluntaria del embarazo, en provincias que no tenían ninguna y exigían que las mujeres de esas provincias viajaran a otras provincias u otras regiones para poder acceder ese servicio.
El caso fue llevado originalmente a los tribunales por el Partido Popular en 2010, después de que el PSOE aclarara y liberalizara las leyes sobre el aborto.
[39] Desde la semana catorce a la veintiuna, sólo se podrá practicar un aborto si existe una razón médica para ello, como por ejemplo que la madre esté en riesgo.
[36][37][38] En España se apoya que los servicios de interrupción voluntaria del embarazo en la sanidad pública sean gratuitos.
[8] En 2005 la región tenía sólo un centro de salud público acreditado que practicaba abortos.
[45]En 2022 había una clínica privada y un centro de salud público que realizaban IVE.
El precio a partir de la semana catorce con anestesia general o sedación rondaba los 500€.
[9] La sanidad pública financiaba la IVE en la región si se solicitaba, si el aborto ea legal y si la mujer tenía tarjeta sanitaria regional vigente.
[9] En 1953 las enfermeras y parteras que participaron en el parto tenían un plan de estudios nacional compartido titulado "Ayudante Técnico Sanitario".
El Estado ahorró mucho dinero trasladando la formación de parteras y enfermería al sector privado.
Por el contrario, los médicos varones de la época recibían formación gratuita en instalaciones públicas, en escuelas profesionales donde no se requería internado.
[12] En 1986, la Coordinadora Estatal de Organizaciones Feministas organizó una campaña denominada "Estamos haciendo abortos", durante la cual se practicaron abortos públicamente en Barcelona, Oviedo, La Coruña, Bilbao, Pamplona, Madrid, Tarragona y Cantabria para denunciar los límites dela ley de 1985.
En Cantabria y País Vasco descendió algo más del treinta por ciento.
Al mismo tiempo, no creó ningún objetivo para alcanzar esta meta.
Esto representó el 3,98% de todos los abortos realizados por mujeres que vivían en la región ese año.
El esfuerzo por cambiar la ley fue impulsado en gran medida por el Ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.
[74] En 2022 se produjeron 109 interrupciones voluntarias del embarazo en mujeres menores de 20 años.