La constitución del fideicomiso por el Gobierno Federal no le dará el carácter de entidad de la administración pública federal, y por lo tanto, no estará sujeto a las disposiciones aplicables a dichas entidades..."[1]
En diciembre de 1998 el Fobaproa fue sustituido por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB).
Ante ese peligro, el gobierno federal aplicó el Fobaproa para absorber las deudas ante los bancos, capitalizar el sistema financiero y garantizar el dinero de los ahorradores.
[6] Mientras culminaban las operaciones para que el Fobaproa absorbiera la cartera vencida a los bancos, en enero de 1995 el gobierno federal creó el Programa de Capitalización Temporal (Procapte), un instrumento alternativo para sanear el sistema financiero con el acceso rápido y en mayor volumen a capital extranjero y recuperar la solvencia de los bancos.
A consecuencia del error de diciembre, muchas empresas se vieron imposibilitadas para pagar sus deudas, por lo que para reestructurar las mismas, en 1996 se creó la Unidad Coordinadora para el Acuerdo Bancario Empresarial (Ucabe), que funcionó con recursos fiscales a instancias de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
[4] Resultó ser el programa más dañino para las finanzas públicas del gobierno mexicano durante la operación de rescate bancario.
Gracias a este, el Fobaproa compró a los bancos todo tipo de chatarra financiera, es decir, créditos incobrables que se tradujeron en un fuerte incremento en el costo fiscal del rescate y en cambio redujeron las pérdidas de bancos, accionistas o grandes deudores que podían pagar sus créditos pero los transfirieron al Fobaproa.
Mediante el PCCC, las instituciones transfirieron al Fobaproa los derechos para que este recibiera el cobro sobre ciertos créditos, a cambio de un instrumento de pago a cargo del Fobaproa con garantía del gobierno federal.
La propuesta que causó mayor controversia y que orilló al Congreso a ordenar una auditoría al Fobaproa fue la de convertir en deuda pública los pasivos de dichos fondos que sirvieron para asistir a los bancos, cuyo monto ascendió a 552.000 millones de pesos.
[9] No obstante, según un análisis del medio mexicano «Arena Pública», el crecimiento promedio del PIB mexicano en la última década (2008-2017) ha sido de tan solo 2.3%, por ello el pronóstico de los economistas está desfasado y la deuda podría tardar en pagarse muchos años más.
[4] En opinión del consultor Luis Miguel Labardini, el coste social provocado para cubrir las deudas generadas por los bancos se considera especialmente lesivo, si se contrapone el contexto económico al que se han enfrentado las nuevas generaciones, y que representa una enorme sangría para el presupuesto público destinar alrededor de 50 mil millones de pesos por el Fobaproa, dinero que no puede destinarse a programas de corte social.