La Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros de Narcóticos , más conocida como Ley Kingpin , es una legislación federal histórica en los Estados Unidos destinada a abordar el tráfico internacional de narcóticos mediante la imposición de sanciones estadounidenses a personas y entidades extranjeras involucradas en el tráfico de drogas.
La Ley permite al Presidente de los Estados Unidos y al Secretario del Tesoro de los Estados Unidos identificar públicamente a "importantes narcotraficantes extranjeros" y congelar sus activos. La Ley también prohíbe a cualquier "persona estadounidense" realizar negocios con cualquier narcotraficante extranjero designado y prevé sanciones civiles y procesos penales por violaciones.
El trabajo de hacer cumplir la Ley ha sido delegado a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro, supervisada por el Congreso de los Estados Unidos y asesorada por varios departamentos ejecutivos federales de los Estados Unidos , la Comunidad de Inteligencia de los Estados Unidos y agencias federales encargadas de hacer cumplir la ley .
La creación de la Ley Kingpin siguió al uso por parte del presidente Bill Clinton de la Orden Ejecutiva 12978 para atacar y aislar a miembros del Cartel de Cali de Colombia a partir de 1995. Paul Coverdell y Porter Goss defendieron la legislación con el apoyo de Clinton en 1999. Desde entonces , el Presidente y el Tesoro han invocado la Ley Kingpin para atacar a una variedad de organizaciones extranjeras de tráfico de drogas . [1] [2] [3] [4]
Antes de la Ley Kingpin, el Presidente Bill Clinton invocó la Ley de Emergencias Nacionales y la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional a través de su Orden Ejecutiva 12978 de 1995. La Orden apuntaba a los líderes del Cartel de Cali , en ese momento la organización narcotraficante más grande de Colombia , agregando su nombres a la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas del Tesoro . [4]
Un informe del Tesoro al Congreso informó que las sanciones EO 12978 fueron exitosas y que 40 empresas relacionadas con cárteles con ventas anuales combinadas estimadas de más de $200 millones fueron liquidadas o en proceso de liquidación. [5]
El senador Paul Coverdell y el representante Porter Goss defendieron la legislación en el Congreso. Que se incorporó a la Ley de Autorización de Inteligencia para el año fiscal 2000 a través de una conferencia conjunta .
Bill Clinton aprobó la legislación final con una declaración firmada :
Esta Ley contiene una disposición, conocida como "Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros de Narcóticos", que establece un programa global dirigido a las actividades de importantes narcotraficantes extranjeros y sus organizaciones. La nueva Ley proporciona un marco legal para que el Presidente instituya sanciones contra los narcotraficantes extranjeros cuando dichas sanciones sean apropiadas, con el objetivo de negar a sus empresas y agentes el acceso al sistema financiero estadounidense y a los beneficios del comercio y las transacciones que involucran a empresas y empresas estadounidenses. individuos. Al trabajar con otras naciones, tengo la intención de utilizar las herramientas de esta disposición para combatir la amenaza a la seguridad nacional que representa para los Estados Unidos el tráfico internacional de drogas. [6]
La primera designación bajo la Ley Kingpin se realizó el 1 de junio de 2000. Esta lista inicial incluía a miembros de cuatro cárteles mexicanos Jesús Amezcua Contreras y Luis Ignacio Amezcua Contreras (del Cartel de Colima ), Benjamín Arellano Félix y Ramón Arellano Félix (del Cartel de Tijuana) . Cártel ), Rafael Caro Quintero (del Cártel de Guadalajara ); y Vicente Carrillo Fuentes ( Cártel de Juárez ); dos traficantes acusados del Triángulo Dorado , Wei Hsueh-kang y Chang Chi-fu ; y los hermanos nigerianos Abeni O. Ogungbuyi y Oluwole A. Ogungbuyi. [7]
La legislación Kingpin Act delegó la autoridad normativa al Departamento del Tesoro de Estados Unidos . [8] Las normas adoptadas por el Tesoro se publicaron por primera vez en 65 FR 41336 como "Reglamentos de presentación de informes y procedimientos; Reglamentos de sanciones a capos extranjeros de narcóticos" el 5 de julio de 2000 [9]
En febrero de 2022, se han agregado 2.182 personas y entidades a la lista de sanciones contra el tráfico de estupefacientes. [10]
La Ley Kingpin contiene detalles sobre cómo se identifica y designa a los narcotraficantes y sus asociados para recibir sanciones; cómo se bloquea la propiedad; aplicación de la ley contra violaciones; y la revisión continua del programa.
La legislación establece que el Presidente presente un informe anual al Congreso de los EE. UU. para identificar "las personas extranjeras que el Presidente determina que son apropiadas para recibir sanciones" y para detallar "la intención del Presidente de imponer sanciones a estos importantes narcotraficantes extranjeros de conformidad con este capítulo". ". [11]
Los nombres y mucha otra información se hacen públicos y a varios comités del Congreso. Sin embargo, como gran parte de la información utilizada para justificar el ataque a un importante narcotraficante extranjero es clasificada o sensible para las fuerzas del orden, un informe clasificado más detallado se proporciona únicamente al Comité Selecto Permanente de Inteligencia de la Cámara de los Estados Unidos y al Comité Selecto de Inteligencia del Senado de los Estados Unidos . [11]
El informe presidencial al Congreso es el principal medio para designar a importantes narcotraficantes extranjeros designados conforme a las autoridades otorgadas por .
Además, el Secretario del Tesoro de los Estados Unidos puede hacer "designaciones derivadas" en consulta con el Fiscal General de los Estados Unidos , el Director de Inteligencia Nacional de los Estados Unidos , el Director de la Oficina Federal de Investigaciones , el Administrador de Lucha contra las Drogas y el Secretario de Defensa de los Estados Unidos. y el Secretario de Estado de EE.UU.
Estos incluyen personas extranjeras (incluidas personas jurídicas ) que se encuentren:
Al anunciar sanciones nuevas o revisadas, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro ha publicado ilustraciones de mapas de red que detallan las relaciones entre narcotraficantes extranjeros significativos designados y sus designados derivados en supuestas organizaciones de narcotráfico , por ejemplo, las relaciones de los traficantes de "Nivel I" Benjamín Arellano Félix y Ramón Arellano Félix con subordinados de "Nivel II" y empresas fachada dentro del Cártel de Tijuana . [15]
Después de la designación del Presidente o del Tesoro, la persona o entidad nombrada está sujeta a una congelación de activos de "todos esos bienes e intereses en propiedades dentro de los Estados Unidos, o dentro de la posesión o control de cualquier persona de los Estados Unidos ". También existe una prohibición recíproca impuesta a todos los estadounidenses de realizar cualquier transacción con una persona o entidad designada en virtud de la Ley.
Para los fines de cada una de estas medidas, "persona estadounidense" se define de manera amplia e incluye cualquier ciudadano estadounidense o nacional, extranjero residente permanente, una entidad organizada conforme a las leyes de los Estados Unidos (incluidas sus sucursales en el extranjero), o cualquier persona dentro de los Estados Unidos. Como ocurre con muchos programas de sanciones de los Estados Unidos , la Ley Kingpin impone una serie de requisitos para quienes participan en el comercio internacional. [dieciséis]
Las regulaciones creadas bajo la Ley detallan el alcance de las transacciones prohibidas y los tipos de propiedad afectados. [17]
La Ley Kingpin prohíbe a las personas estadounidenses realizar actividades que tengan "el efecto de evadir o evitar, y cualquier esfuerzo, intento o conspiración para violar" las prohibiciones de realizar transacciones comerciales con narcotraficantes designados. [18] Las regulaciones señalan además el uso del estatuto contra la realización de declaraciones falsas . [19]
La ley establece sanciones penales máximas para los funcionarios corporativos que pueden alcanzar hasta 5 millones de dólares y 30 años de prisión y para las corporaciones hasta 10 millones de dólares. [20] Otros pueden enfrentar multas de conformidad con el Título 18 del Código de EE. UU. y hasta 10 años de prisión. [21] [4] También se puede imponer una multa civil de más de $1,6 millones por infracción. [19]
Las regulaciones creadas bajo la Ley detallan un proceso mediante el cual el Director de la OFAC puede emitir un "aviso previo a la sanción" a un presunto infractor detallando la supuesta conducta, permitiéndole al presunto infractor responder y llegar a un acuerdo informal. [19]
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Todas las presidencias desde 2000 han hecho designaciones de la Ley Kingpin, incluidos Bill Clinton , George W. Bush , Barack Obama , Donald Trump y Joseph R. Biden .
El New York Times ha dicho que la ley ha sido utilizada por Estados Unidos para perseguir a docenas de organizaciones criminales involucradas en narcóticos en todo el mundo. También escribió que "la ley permite al Departamento del Tesoro congelar cualquier activo de los cárteles que se encuentre en jurisdicciones de los Estados Unidos y procesar a los estadounidenses que ayuden a los cárteles a manejar su dinero". [22]
En 2008, AG Edwards and Sons, filial de AG Edwards, reveló voluntariamente que no bloqueó cuentas de inversión y que había procesado transacciones de cuentas propiedad de narcotraficantes. Se resolvió remitiendo $122.358,35. [23]
El 7 de octubre de 2015, en un caso relacionado con el Banco Continental de Honduras , fue la primera vez que la ley se utilizó contra un banco fuera de Estados Unidos . [24]
El 27 de julio de 2016, la OFAC emitió un dictamen de infracción contra BBVA USA por mantener las cuentas de dos personas en la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas de la OFAC. Las dos personas están acusadas de lavado de dinero de Rafael Caro Quintero , uno de los fugitivos más buscados de la DEA . [25] [26]
In August 2016, AXA Equitable Life Insurance Company and Humana, Inc each received a Finding of Violation for failing to cease transacting business with three customers who were named under the Kingpin Act. The products in question were health insurance policies. Neither company nor their subsidiaries were fined as they cooperated with the OFAC investigation.[27]
The criminal portion of the Kingpin Act is specific to U.S. persons. While there have been thousands of designated foreign traffickers under the Kingpin Act since 2000, there have been few prosecutions under the act itself. In December 2020, Chief United States District Judge of the United States District Court for the District of Columbia Beryl A. Howell wrote in a Memorandum Opinion that "in the last five years, two individuals were convicted under 21 U.S.C. § 1904," citing statistics received from the United States Sentencing Commission.[UvG 1]
Since that Opinion, the Kingpin Act charge of "Engaging in Transactions and Dealings in Properties of a Designated Significant Foreign Narcotics Trafficker" has been employed twice against the Mexican-American relatives of high-profile Mexican cartel narcotraffickers.
In February 2020, the Drug Enforcement Administration arrested Jessica Johanna Oseguera González, a dual-nationality Mexico/U.S. citizen. Oseguera González had been attending a proceeding for her brother, Rubén Oseguera González (alias, "El Menchito") in the United States District Court for the District of Columbia, where he was accused of participation in the narcotrafficking of the Jalisco New Generation Cartel (CJNG).
The United States Attorney for the District of Columbia charged Oseguera González with the Kingpin Act crime of Engaging in Transactions or Dealings in Properties of a Designated Foreign Person for her role as nominal owner and officer of six businesses designated for providing material support to the narcotics trafficking activities of the CJNG and her father, the fugitive and accused CJNG boss Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho.” The U.S. Attorney also charged Oseguera González of assisting her uncle, Abigael González Valencia, leader of the CJNG-allied gang Los Cuinis.[UvG 2] Gonzalez pleaded guilty in March 2021.[UvG 3][28] She was sentenced to 30 months in prison and 24 months supervised release.[UvG 4]
Coronel was arrested at Dulles International Airport on February 22, 2021. The Federal Bureau of Investigation's arrest warrant stated their probable cause included evidence of Coronel shuttling messages from Guzman to Sinaloa Cartel associates, assisting Guzman's escape from Federal Social Readaptation Center No. 1 "Altiplano" in 2015 through bribery and, following his recapture, and helping coordinate another escape attempt aborted following Guzman's extradition. The affidavit cited a handwritten letter written and signed by Guzman, as well as the statements of two unnamed cooperating witnesses who had worked with Guzman.[UvC 1][29][30]
On June 10, 2021, the United States Attorney for the District of Columbia and Coronel Aispuro agreed to a plea deal, in which she waived indictment and pleaded guilty in the U.S. District Court for the District of Columbia to a felony criminal information with three counts:
On November 30, 2021, Judge Rudolph Contreras of the U.S. District Court for the District of Columbia sentenced Coronel to three years in prison, followed by four years of supervised release.[UvC 5][32][33] Judge Contreras did not sentence Coronel to the four years requested by prosecutors, noting that she was a teenager when she married Guzman and admitted her guilt upon capture.[34]
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