Según esta doctrina, el gobierno podía permitir que sectores públicos o privados como los de servicios, instalaciones, alojamientos, vivienda, cuidados médicos, educación, empleo y transporte pudieran ser separados según la raza, puesto que la calidad de cada uno de estos servicios sería igual.
[1] Esta frase se usó notoriamente por primera vez en Luisiana en 1890, aunque el término usado en verdad era "iguales pero separados".
[2] Esta doctrina fue confirmada en la sentencia del caso Plessy contra Ferguson de 1896 por la Corte Suprema de los Estados Unidos, que legalizó la segregación racial a nivel estatal.
En los años posteriores 18 estados adoptaron leyes segregacionistas, restringiendo los derechos de los negros.
Esta doctrina comenzó a caer recién a mediados del siglo XX, gracias a una serie de sentencias de la Corte Suprema presidida por Earl Warren que las declararon inconstitucionales, comenzando con el caso Brown contra Consejo de Educación de 1954.