Tras la guerra civil española y la instauración de la ditadura con su política autártica, Marsans se centró en los viajes nacionales.
Sin embargo, once años después, Viajes Marsans se vendía al Estado Español, convirtiéndose en una empresa pública integrada en el Instituto Nacional de Industria.
Este expediente fue un paso previo a la intervención judicial de la entidad.
Posteriormente, el Grupo Marsans, ya en bancarrota, fue vendido a un grupo especulador, Posibilitum, especializado en comprar empresas en quiebra para desmantelarlas y obtener beneficios de la venta posterior de sus despojos más rentables.
Posteriormente reforzó estos nombramientos con la abogada Antonia Magdaleno, que también es administradora en los concursos de las inmobiliarias Martinsa-Fadesa, Llanera y Urazca.