Gerardo Huber

[4]​ Diez años después, después del golpe militar de Augusto Pinochet en 1973, entró a la Agencia de Inteligencia DINA siendo enviado a Argentina a infiltrar grupos que ayudaban al MIR en su combate contra la dictadura pinochetista,[4]​ Apenas regresó a Chile, trabajó con el agente estadounidense de la DINA Michael Townley produciendo armas químicas para ser usados contra los disidentes políticos.[3]​ En su segunda confesión ante el fiscal de EE.UU., Eugene Propper, Michael Townley relató paso a paso la fabricación del gas sarín en un cuartel secreto que la DINA instaló especialmente en el barrio de Lo Curro, en Santiago.Secen será vinculado por la prensa argentina con los servicios de Inteligencia militar en Chile.[2]​[3]​[12]​ sin embargo aunque el último no era Presidente, permanece como Comandante en Jefe del Ejército.Debido a los nuevos antecedentes, el magistrado le tomó declaración a Augusto Pinochet En su testimonio, Pinochet dice haber tomado conocimiento de la venta realizada a Croacia y confirma la declaración del capitán Araya en el sentido de que existió una empresa fantasma, Ultracan, creada en un paraíso fiscal por el exalbacea de Pinochet, Óscar Aitken, para recibir los pagos.[16]​ El general Carlos Krumm, responsable de la Logística, declaró al magistrado Claudio Pavez que el trato de armas había sido directamente aprobado por Pinochet.[2]​[17]​[18]​ Declaraciones siguientes del Capitán Pedro Araya, Krumm confirmó la existencia de una reunión que había precedido al trato.Fueron las declaraciones entregadas por el capitán Araya, en el marco del proceso por la muerte del coronel Gerardo Huber, las que permitieron reabrir ambos casos, que estaban cerrados por la justicia militar.Araya sostuvo que fueron altos mandos, incluido Pinochet, quienes planificaron y ordenaron la venta ilegal de armas a Croacia.El sargento Blas Meriño Castillo apareció muerto, por supuesto suicidio, en 1995.No se ha vuelto a investigar dicha muerte ni si está relacionada con el asesinato de Huber.[21]​ Al exsubsecretario de Guerra, Marcos Sánchez, quien durante la época le correspondió visar documentación para la exportación de armamento declaró por oficio ante la justicia militar, pero ante el juez, decidió hacerlo personalmente.Sánchez reiteró que ni el gobierno ni ningún funcionario del Ministerio de Defensa tienen responsabilidad, porque a su juicio fueron “baipaseados” por los ejecutivos de la Fábrica de Maestranzas del Ejército (Famae), mediante la que fueron exportadas las armas a Hungría y no a Sri Lanka, como se había escrito en la documentación.Quien comenzó a tener algunas contradicciones fue la exsecretaria del general (R) Carlos Krumm, Carmen Gloria Molina.El asesinado coronel debía realizar un viaje a Israel[22]​ para acreditar la compra del sistema de lanzacohetes múltiple LAR, desarrollado por ese país.A esa percepción se unió la presentación que hizo el CDE de San Miguel solicitando protección policial para la abogada María Inés Horvitz y para Eugenio Palacios Labbé.El único absuelto de cargos fue el otrora jefe de la DINE, general (r) Eugenio Covarrubias,[24]​[25]​ quien hasta ahora estaba procesado por los mismos cargos.[28]​ Los condenados son el general (R) Víctor Lizárraga Arias, exsubdirector de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), sentenciado a cinco años de cárcel por homicidio calificado y otros cinco por asociación ilícita, y, el brigadier (R) Manuel Provis Carrasco, sentenciado a cuatro años por el homicidio y cuatro por integrar la asociación ilícita.[28]​ El juez Pavez determinó que el 29 de enero, mientras Huber se encontraba escondido en San Alfonso, tras que comenzaran los problemas para las armas enviadas a Croacia y cuyas ganancias iban directamente a los bolsillos de Pinochet, su compadre Julio Muñoz lo llevó bajo engaño al puente El Toyo, donde fue asesinado de un tiro a larga distancia, presuntamente por un francotirador, según detalla el expediente.[30]​ A todos ellos se les concedió el beneficio de la libertad vigilada.El fallo, emitido de forma unánime por la II Sala del máximo tribunal, absolvió además a una empleada civil del Ejército, Carmen Gloria Molina, y a un general retirado, Carlos Krumm.[30]​ Aparte del trato de armas, el caso Berríos,[31]​ acerca del bioquímico de DINA encontrado muerto en Uruguay en 1995, ha estado relacionado por los magistrados con el caso Huber.[2]​ Según un exmilitar, el coronel Huber, según se afirma, le dio documentos acerca de trato de armas y medicinas letales creadas por Eugenio Berríos.La cocaína era distribuida en ese continente por la Cosa Nostra, liderada entonces por Bernardo Provenzano:[35]​ En 1998, Losada acabó detenido en el marco de la operación Océano.Traían la cocaína desde Mendoza para reelaborarla en Caleta Abarca, Viña del Mar, donde la transformaban en líquido.Y justamente en Caleta Abarca vivía un peruano experto en licuar la cocaína.