Para estas elecciones, se presentaron trece candidaturas distintas a ocupar los escaños del Parlamento de Navarra.

[8]​ Tras esa destitución, los consejeros de Fomento y Política Social, Anai Astiz y Elena Torres respectivamente (ambos del PSN) dimitieron en apoyo de su compañero destituido.

Pejenaute denunció ese mismo día en los juzgados de Pamplona a la asociación por falsas acusaciones y el 21 de octubre presentó su dimisión a la presidenta Barcina a fin de que la causa no salpicase al gobierno.

[14]​ En marzo, mientras se investigaba el cobro de dietas por reuniones dobles y reuniones fantasmas de personalidades políticas en la CAN, varios imputados y acusados decidieron devolver el dinero cobrado de forma alegal:[nota 1]​ Miguel Sanz devolvió 39 000 €, Yolanda Barcina 68 500 €, Enrique Maya 12 000 €, José Iribas 29 000 €, y finalmente la concejala de Pamplona Ana Elizalde 5 000 €.

Esto fue algo inédito, ya que en el Parlamento de Navarra nunca se había llevado a cabo una moción de censura.

[22]​ Para la izquierda abertzale representada en el Parlamento (Bildu y Aralar-NaBai) e I-E, este tema junto al de la CAN (que consideraban todavía abierto aunque se había cerrado judicialmente), era inaceptable y amenazaron con hacer una moción de censura al gobierno de Yolanda Barcina.

[23]​ Durante el mes de marzo, los socialistas navarros lideraron la moción de censura contra Yolanda Barcina, dado que UPN se negó a adelantar las elecciones.

[24]​ Finalmente el Parlamento aprobó, con 27 votos a favor (PSN, Bildu, Aralar-NaBai, I-E y Geroa Bai),[nota 3]​ y 23 en contra (UPN y PP), el dictamen de la comisión de investigación sobre las irregularidades en Hacienda que pedía la dimisión de Yolanda Barcina y la convocatoria anticipada de elecciones, resoluciones que al no tener carácter ejecutivo fueron descartadas por el gobierno de Barcina.

[33]​ La comisión recibió documentos y la comparecencia de seis acusados (entre ellos Yolanda Barcina y Lourdes Goicoechea) durante diez días,[34]​ tras lo cual, el 28 de febrero de 2014, la Comisión remitió a la Mesa del Parlamento sus conclusiones en las cuales encontraban culpable a Lourdes Goicoechea y conocedora y corresponsable a Yolanda Barcina.

El total de este (El Sadar, las instalaciones de Tajonar y dos pisos en Pamplona) fue tasado en € 43 millones por parte del club y en € 35 millones por parte del Gobierno en un inicio.

[40]​ En una nueva tasación realizada por una empresa externa a ambas entidades la tasación se fijó en poco más de 43 millones, siendo aprobada por ambas entidades.

Con ello la deuda del club quedó en 10 millones con la Hacienda navarra, para los que tendrían 3 años de pago sin moratoria y un aplazamiento máximo de 30 años.

[45]​ Desde 2012, la administración central de España, en concreto el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas presidido por Cristóbal Montoro se mantenía en disputas con la Hacienda Tributaria de Navarra, defendida por el ejecutivo foral presidido por Yolanda Barcina, por las devoluciones del IVA que el gobierno central hacía a la empresa Volkswagen por sus actividades en la planta de Navarra.

[46]​ Esto se debía a que la filial alemana Volkswagen Navarra en vez de vender directamente a la matriz alemana, vendía a la filial VAESA (la que opera en Barcelona) para que los coches saliesen desde el puerto de Barcelona a la matriz alemana, por lo que la competencia cambiaría del convenio navarro a las leyes estatales, esto suponía que Navarra cobraba el dinero (Desde Navarra a Barcelona) y el Estado devolvía el IVA (Barcelona a la matriz), todo ello recogido en el acuerdo sobre el IVA de 2012.

[47]​ En enero de 2015, ambas administraciones llegaron a un acuerdo firmado por el ministro Montoro y la presidenta Barcina por el cual Navarra quedaba liberada de la restitución de los pagos sobre las devoluciones del IVA a las arcas estatales.