El empresario José Luis Ulibarri entraría poco después como gestor en la empresa, pero tras resultar imputado en el caso Gürtel también abandonaría la televisión.

La decisión sólo obtuvo el apoyo del Partido Popular en la cámara municipal, y el portavoz de Esquerra Unida anunció que interrogaría al Gobierno sobre la subvención de 50.000 euros que iban destinados a compensar las pérdidas de la televisión, así como el pago del año 2012 que llegaba a los 192.000 euros.

La liquidación dejó pérdidas de 167000 euros en sus dos años anteriores (2011-2012).

Tras el cierre, se aplicó un ERE a la veintena de trabajadores en plantilla, reduciéndose los costes en plantilla de 68.200 euros (en 2011) a 28.400 euros (2012).

[4]​ La Unió de Periodistes Valencians criticó la decisión unilateral del Consell Municipal de cerrar la cadena, y pidió explicaciones sobre cómo afectaría la decisión del cierre a la empresa gestora y a sus trabajadores.