Se ha sugerido que las Fuerzas de Seguridad Británicas pudieron estar relacionadas con su asesinato.
Nelson representó a clientes en una serie de destacados casos como el de Michael Caraher, un francotirador del Ejército Republicano Irlandés Provisional, así como un paramilitar republicano acusado de matar a dos oficiales del Royal Ulster Constabulary, la Policía Real del Ulster).
Más tarde y ese mismo año, Nelson testificó frente a un comité del Congreso de los Estados Unidos que investigaba sobre los derechos humanos en Irlanda del Norte, confirmando que esas amenazas de muerte iban dirigidas a ella y sus tres hijos.
Un grupo paramilitar unionista que se hacía llamar los Defensores de la Mano Roja reclamaron la autoría del atentado.
El informe estableció también que miembros del Cuerpo de Policía Real del Ulster la habían legitimado como un objetivo cuando la atacaron e insultaron en público en Portadown, dos años antes de su muerte.