El Consejo creía que el establecimiento de un tribunal internacional velaría porque estas violaciones cesaran y se abordaran.
En este sentido, se destacó la necesidad de la cooperación internacional para fortalecer el sistema judicial en Ruanda.
[2] Se pidió al secretario general Butros Butros-Ghali que velara por la inmediata implementación de esta resolución y para establecer el funcionamiento del tribunal, incluidas las disposiciones relativas a su ubicación.
También señaló que el TPIR se podría reunir fuera de su sede para discutir sus funciones.
El Consejo concluyó afirmando que el número de jueces y cámaras judiciales se podría aumentar cuando fuera necesario.