Esta figura legal faculta a las autoridades salvadoreñas para tomar medidas especiales cuando se producen situaciones que alteran significativamente el orden público o la estabilidad nacional.
El Régimen de Excepción puede ser declarado ante diversos escenarios que comprometan la normalidad institucional, tales como catástrofes naturales, epidemias, conflictos políticos o civiles graves que obstaculicen el funcionamiento regular de las instituciones.
Su aplicación puede comprender la totalidad del territorio nacional o únicamente las zonas directamente afectadas, con el propósito de restablecer el orden y garantizar la seguridad ciudadana.
[5][6] Esta disposición constitucional regula los mecanismos mediante los cuales el Estado puede implementar medidas extraordinarias en circunstancias específicas que ameriten la suspensión temporal de ciertos derechos fundamentales.
El estado de excepción representa un instrumento jurídico contemplado en el marco legal salvadoreño para situaciones que requieren una intervención estatal específica.