Entre las labores desarrolladas por el procurador general se incluyeron: Hay precedentes históricos antiguos en el mundo romano e islámico, con una función parecida a los que hoy en día se llama Defensor del Pueblo.
Originalmente nacido en Suecia, se trataba de una institución mediadora, que tenía como objeto controlar la Administración y la justicia.
Aunque sus competencias no coinciden exactamente, se optó por recuperar este nombre de la misma forma que otras comunidades autónomas adaptaban denominaciones históricas.
En primer lugar, en cuanto a las condiciones de elegibilidad para convertirse en Procurador General.
Es decir, una titulación universitaria y, tal vez, una mínima experiencia en algún trabajo relacionado con las funciones de Procurador General.
Por tanto, esta eficacia dependía en gran medida del prestigio de la persona a cargo.
Originalmente, el texto presentado hacía referencia a tres niveles[3]: La redacción final incluye un listado más exhaustivo, que incorpora a las universidades, colegios profesionales, órganos institucionales y órganos auxiliares del Principado de Asturias.
[1] En tercer lugar, se modificó parcialmente el artículo 19, sobre la tramitación de las quejas.
La argumentación principal es que los asturianos conocían y utilizaban con mayor intensidad al Defensor del Pueblo, la figura correspondiente a nivel nacional.
"Tomando como referencia los respectivos informes anuales, en 2009, transcurridos cinco años desde la creación del Procurador, los asturianos continuaban tramitando ante el Defensor del Pueblo 459 expedientes de queja, por solo 276 ante su propia Procuradora General, que, sin embargo, supuso una carga financiera de 4.114.308 euros, esto es, de casi 15.000 euros por queja.
[8] Como se puede comprobar en el informe de la Ponencia, se introdujeron varias mejoras técnicas en el texto original, que tenían como objeto regular varios aspectos derivados de la eliminación del organismo.