Es encargada de la vigilancia, patrullaje policial y seguridad ciudadana en todo el territorio nacional, a través de sus numerosos servicios se encarga de las investigaciones penales, orden público, vigilancia y patrullaje, inmigración, policía turística, espacios acuáticos, penitenciario, aérea, inteligencia, contra la delincuencia organizada, contra drogas entre otros.
Entre 2017 y 2022, Venezuela registró 2.033 víctimas de presuntas ejecuciones extrajudiciales, dejando huérfanos a al menos 1.520 niños, niñas y adolescentes, según Monitor de Víctimas.
En total, policías y militares asesinaron a 824 personas en presuntas ejecuciones extrajudiciales.
[10] El informe también indicó que las muertes de manifestantes por cuerpos de seguridad se redujeron significativamente en 2022, siendo este el primer año desde 2013 en que no se registraron fallecimientos durante protestas.
[12] Según testigos y familiares, los responsables serían funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).
Al intentar escapar para evitar ser detenidos, los agentes les dispararon, tratándolos como delincuentes.
Tras el suceso, la comunidad intentó detener la agresión, enfrentándose a los policías y exigiendo justicia.
El joven fue trasladado al hospital Miguel Pérez Carreño, donde llegó sin vida.
[12] La comunidad logró retener a los oficiales Leudis Freites y Emerson Delgado, quienes fueron detenidos por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) para ser investigados.
La motopirueta es una práctica popular en Caracas, donde los jóvenes realizan maniobras audaces en motocicletas.
[13] El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) reveló irregularidades en el caso, indicando que los funcionarios policiales simularon un enfrentamiento.