Operación Puerto
Este proceso permitió desarticular una red de dopaje liderada por el doctor Eufemiano Fuentes; dicha red ofrecía diversas prácticas ilícitas para mejorar el rendimiento de sus clientes deportistas: hormonas (incluyendo EPO, testosterona y otros anabolizantes), medicamentos y transfusiones sanguíneas.
Al no ser el dopaje un delito en ese momento en España, el juez Serrano solo estudió un posible delito contra la salud pública, que solo incriminaría a los responsables de la red, no a sus clientes (los deportistas).
[4] Los únicos sancionados deportivamente fueron Jan Ullrich, Ivan Basso, Alejandro Valverde, Jörg Jaksche, Michele Scarponi y Giampaolo Caruso solo por sospechas o confesiones ya que las pruebas, principalmente las bolsas de sangre, no se entregaron hasta el 2016 tras dictaminarse la sentencia final cuando el posible delito deportivo ya había prescrito.
[8] En este sentido, en el informe detallado elaborado por la Guardia Civil se resaltaba la importancia de las declaraciones y confesiones efectuadas por Manzano, exciclista del equipo Kelme (rebautizado después Comunitat Valenciana).
[42] Estas sospechas contaban con un precedente: tres años atrás, en 2003, se había desarticulado en la localidad valenciana de Cullera un grupo dedicado a esa actividad delictiva; ese mismo grupo se habría reorganizado en esos tres años, desarrollando una actividad idéntica a la realizada anteriormente.
[32] En noviembre de 2009 se produjo en la zona de Valencia la Operación Grial, una nueva investigación contra el dopaje desarrollada por la Guardia Civil en torno al médico Walter Virú, colega del doctor Fuentes en el Kelme años atrás.
La identidad del resto de clientes sigue sin conocerse, incluidos todos los deportistas no ciclistas.
[57] El juez basó la imposición de estas limitaciones a los investigadores amparándose en que el dopaje no era un delito en España, y que dichas vías de investigación eran irrelevantes para dilucidar si había habido un delito contra la salud pública.
[63] La legislación española vigente en ese momento no contemplaba el dopaje como un delito penal,[64] por lo que el juez instructor Antonio Serrano (del Juzgado de Instrucción n.º 31 de Madrid) se centró exclusivamente en si se había cometido un delito contra la salud pública.
Al centrarse en un posible delito contra la salud pública (al no ser el dopaje un delito en España), el juez se negó a confirmar (utilizando las pruebas de ADN) la identidad de los deportistas clientes de Eufemiano Fuentes identificados por la Guardia Civil,[32] aunque algunas muestras concretas han sido autorizadas para su envío a Italia y Alemania,[65] confirmándose en todos los casos las identificaciones realizadas en su momento por el instituto armado.
Al no pedir el juez el informe de la AEM, dichos hallazgos no pudieron ser completamente demostrados, impidiendo así que estos hechos pudieran ser utilizados como argumentos que demostrarían la existencia de un delito contra la salud pública.
[32] Por último, el juez argumentaba en su archivo que ningún deportista había resultado dañado por las terapias del doctor Fuentes, una afirmación controvertida ya que los daños del dopaje en el organismo no pueden medirse a corto plazo.
[76][77][78] Dicho juicio no implicaría castigo penal alguno para los deportistas implicados (solo a quienes hubieran cometido un delito contra la salud pública), aunque una vez finalizado el juicio las pruebas (incluyendo el contenido de las bolsas sanguíneas incautadas en la consulta del Dr.
De momento, todos los clientes confirmados lo han sido gracias a las investigaciones abiertas en esos países.
[97] En 2007, el CONI obtuvo permiso para investigar (y sancionar) no solo a deportistas italianos, sino también extranjeros.
[51] De todos ellos, cinco (más uno no identificado por el instituto armado) han sido ya confirmados gracias al ADN o mediante confesión, mientras que el resto están todavía pendientes de que definitivamente se confirme o desmienta (según defienden todos los identificados no confirmados) su implicación en la trama a partir de a las pruebas existentes (bolsas sanguíneas y documentación).
La Guardia Civil tenía vídeos y grabaciones en los que aparecerían deportistas de nivel mundial no ciclistas.
[133] El diario francés Le Monde publicó el 7 de diciembre de 2006 que Eufemiano Fuentes tenía relación con los clubes Real Madrid, F. C. Barcelona, Real Betis y Valencia C. F. Eufemiano Fuentes desmintió esa información a TVE, al considerar las acusaciones demasiado graves.
Fuentes dijo que no podía responder porque le habían amenazado de muerte en tres ocasiones.
[126] Le Monde apoyó sus acusaciones publicando unas tablas de preparación escritas a mano, que habría diseñado el Dr.
[139] Asimismo, se habría detectado un fax enviado a Fuentes por Rosa Colorado, entrenadora personal de varios atletas españoles.
Los dos equipos más afectados e implicados en la Operación Puerto, el Liberty Seguros (de categoría ProTour) y el Comunitat Valenciana (de categoría Profesional Continental), perdieron a sus patrocinadores principales como consecuencia del escándalo.
[109] El 23 de mayo, Manolo Saiz (máximo responsable y cabeza visible del equipo) fue detenido por la Guardia Civil.
No obstante, el juez se negó (salvo excepciones) a que las pruebas acumuladas por el instituto armado (bolsas sanguíneas, documentos, grabaciones de vídeo y audio...) fueran facilitadas a organismos deportivos internacionales (UCI, AMA) para estudiar las pruebas e imponer en caso de estimarlo oportuno las sanciones deportivas pertinentes.
[75] Por ejemplo, Óscar Sevilla y Francisco Mancebo pasaron al modesto equipo español Relax-GAM (donde coincidieron con Ángel Vicioso),[185] para posteriormente ir ambos al equipo Continental profesional estadounidense Rock Racing, donde en 2009 coincidirían con José Enrique Gutiérrez (quien había estado antes en los equipos europeos continentales LPR y Diquigiovanni)[186] y Tyler Hamilton[187] (de vuelta tras cumplir una sanción anterior por dopaje pero de nuevo sancionado por otro caso de dopaje).
[200] También fue retirada la causa contra el médico Alfredo Córdova, después de que este recurriera su imputación.
La Grial se realizó en torno a la figura del médico peruano Walter Virú, afincado en Valencia.
La Galgo destapó una red en la que volvía a ser protagonista Eufemiano Fuentes; también apareció implicado Alberto León, nuevamente en labores de colaborador.
La sentencia, de hecho, ordenaba la destrucción o devolución de las pruebas recabadas durante la instrucción del proceso: los efectos personales serían devueltos a sus propietarios en el momento en que habían sido incautados (incluidos medicamentos, dinero en metálico, documentación impresa, teléfonos y los ordenadores y discos duros cuyo contenido seguía sin conocerse), mientras que serían destruidas las bolsas de sangre y todas las copias de la documentación intervenida (tanto la impresa como el material informático que pudiera haber sido volcado durante la investigación).
La destrucción de esas evidencias se llevaría a cabo salvo que las acusaciones apelaran la sentencia.
