[6]​ El 30 de agosto, el general Villalobos visitó la zona, informando a la prensa que ello obedecía a «revisar las investigaciones que se han llevado en curso en este sector con gente de inteligencia» y que acudirían a la Fiscalía para coordinar la entrega de una «importante y gran cantidad de información para utilizar en los juicios» que se deberían preparar al efecto.

[9]​ Como consecuencia de las detenciones, quedaron en prisión preventiva e investigados por asociación ilícita terrorista ocho personas,[9]​ incluyendo el vocero de la CAM, Héctor Llaitul Carrillanca, su hijo Héctor Llaitul Pezoa, los hermanos Rodrigo y Jaime Huenchullán Cayul, este último dirigente de la comunidad autónoma de Temucuicui, David Aedo Cid, involucrado con la muerte de un carabinero tras un asalto a un banco en 2007 en Santiago,[6]​ Martín Curiche, Claudio Leiva y el machi Fidel Tranamil.

[8]​ Sobre este último antecedente, el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, viajó a Buenos Aires para sostener una reunión con la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, para abordar el tema.

El fiscal Felipe González, además, aseguró en la audiencia que los detenidos estaban organizando nuevos ataques incendiarios, incluyendo uno en Vilcún un día antes de que se diera lectura al veredicto del caso Luchsinger-Mackay.

Para reforzar esas aseveraciones, González dio a conocer conversaciones por WhatsApp entre los formalizados y otros mensajes de texto que habían aportado las investigaciones previas de Carabineros.

[16]​ En sus declaraciones, el fiscal Arroyo aseguró que se trata de un montaje orquestado desde Carabineros, luego que se negara a usar elementos fuera del marco legal en sus indagatorias en el marco de la Operación Huracán, y que buscaba desacreditarlo personal y profesionalmente.

[16]​ La nueva investigación quedó a cargo del Fiscal Regional de Aysén, Carlos Palma.

[23]​ El gobierno, a través del entonces Subsecretario del Interior Mahmud Aleuy, calificó como «grave y compleja» la denuncia de la Fiscalía, asegurando que «si se llega a probar parte de los hechos denunciados, el costo institucional va a ser muy alto para la institución que corresponda.

Este, a su vez, había aceptado la renuncia del general Gonzalo Blu.