La meta fundamental era alcanzar un tamaño empresarial suficiente para "crear músculo" y abordar la expansión nacional e internacional.
[8] A finales de 2007 se logra un acuerdo parcial para fusionar CIC S.A. con CPI S.A. y T.Q.M.
(germen de «la gran entidad regional del sector TIC»).
Los planes de expansión pretendían potenciar la pequeña delegación situada en Madrid, abrir sedes en Barcelona y Valencia e incorporar al proyecto a otras empresas del sector TIC de Castilla y León.
[16] [17] Igualmente, reconoció la competitividad del sector TIC, refrendando su apoyo al mismo y alabando la fusión de ambas compañías.
[20] Tras una tensas negociaciones entre los dos grupos de accionistas de la compañía, Juan Posadas, inicialmente dueño del 33% del capital, adquiere el 66% restante al grupo liderado por Juan Valentín-Gamazo, tomando el control completo de la empresa y erigiéndose en «Administrador único».
[36](Foto manifestación 18/02/2009) (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última)..
[38] [39] Las declaraciones realizadas por Tomás Villanueva en las Cortes de Castilla y León, según las cuales «no va a financiar a Nodalia para que pague sus facturas» provocaron las acusaciones del PSOE de haber abandonado a una compañía «que tutelaba» la Junta y en la que debía haber desembolsado 3,5 millones según el compromiso adquirido.
Del mismo modo, la portavoz del grupo parlamentario socialista, Ana Redondo y el secretario del grupo, Jorge Félix Alonso, culparon a Tomás Villanueva de la crisis y afirmaron que «mintió», mostrando el documento por el cual responsabilizaban a Tomás Villanueva de ser responsable de la situación de "quiebra" de la Nodalia, al haber impulsado su creación mediante fusión y retirar después sus apoyos a la misma.
Durante esa jornada se comunicó por escrito a todos los trabajadores que el ERE había sido aceptado y su relación laboral con la compañía había concluido, no teniendo obligación de volver a Nodalia.
Este activo figuraba en las cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil de Valladolid.
El Fiscal solicitó que el concurso voluntario de acreedores fuera declarado culpable y no fortuito, por considerar que el crédito documentado en las facturas no era real.
Afirmaron que la empresa realizó trabajos sin ningún contrato de adjudicación.
Sin embargo, la Junta de Castilla y León afirmó que estos trabajos no fueron realizados por CIC, mientras que Ingenius Team afirmó que las facturas son falsas y fueron confeccionadas para aumentar artificialmente los activos aportados por CIC en el proceso de fusión que dio lugar a Nodalia, con el objeto de conseguir una participación mayoritaria en esta empresa y obtener su control.
Sin embargo, responsables de la Consejería informaron a Juan Posadas de que no existía expediente administrativo o concurso relativo a esas facturas.
En caso de haber existido delito, habría prescrito.
Igualmente, quiere que respondan si era habitual la contratación verbal de servicios, y «si cabe que se emitan las facturas antes de aceptar y regularizar los trabajos encargados».
La sentencia considera que la situación de la compañía "no era tan brillante" como pretendían los condenados, que no contabilizaron como incobrable la cantidad de 858.452 euros.
(que según ellos debía la Junta de Castilla y León a CIC) por unos trabajos de desarrollo del programa Medora que, al parecer, no se habían realizado.
Este supuesto contrato fue investigado por el juzgado de instrucción número 4, que archivó la causa.
El empresario Juan Posadas recurrió a los tribunales para impugnar por lesivo para CIC este reparto de dividendos, cuyo retorno fue previamente solicitado al juzgado de primera instancia número 12 por la administración concursal.
y CENTRO INFORMATICO CICERON SL., administradas por JUAN IGNACIO VALENTIN-GAMAZO GARCIA y JOSE ENRIQUE RODRIGUEZ VALDAJOS, pasaron el 16 de abril de 2009 a ser gestionadas por CRISTINA VILLAR BECARES, cambiando su domicilio social a PLAZA TENERIAS 12 1 °C (VALLADOLID).
pierde el carácter de unipersonalidad, amplia su capital en 442.000 euros, siendo el resultante suscrito de 450.000 euros, y cambia su objeto social así como su domicilio social a la calle DOCTRINOS 6, 4º (VALLADOLID).