La masacre se desencadenó debido al cierre de la Oficina salitrera San Gregorio, lo que llevó a los trabajadores a concentrarse para exigir el pago de su desahucio.
El gobierno adoptó medidas autoritarias para contener a los trabajadores, incluso justificando la represión con el argumento de mantener el orden y la propiedad.
La negligencia en la planificación y la falta de medidas paliativas contribuyeron al trágico desenlace.
Después de la masacre, el gobierno culpó a los trabajadores, mintió en comunicados oficiales, torturó a los detenidos y decretó estado de sitio y censura en la provincia.
[3] La prensa de la época, incluyendo periódicos como El Diario Ilustrado, El Mercurio y La Nación, respaldó las acciones del gobierno y culpó a los trabajadores, enfatizando la continuidad con las administraciones anteriores.