Con la entrada en vigor de Madrid Central estas APR se convirtieron en redundantes y fueron abolidas.

A los pocos días, el nuevo gobierno municipal, dirigido por José Luis Martínez-Almeida, del Partido Popular, apoyado por Cs y Vox, impuso una moratoria sobre el protocolo de multas de Madrid Central.

Reivindicaban mantener esta zona de bajas emisiones como solución a la contaminación.

Consideraban que el nuevo alcalde no había tenido en cuenta ninguno de los informes técnicos que mostraban la reducción efectiva de la contaminación ni tampoco a los colectivos afectados por las medidas.

La Justicia anuló el acuerdo como medida cautelar y prohibía la moratoria de las multas por entrar en la zona.

[21]​[22]​ El 30 de septiembre de 2019, el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, anunció que planeaba implantar en el futuro un plan alternativo a Madrid Central, denominado Madrid 360, mucho menos ambicioso, y que permitiría la circulación de vehículos con distintivo medioambiental C por el área restringida siempre que estuviesen ocupados por 2 o más personas.

La sentencia señalaba que «la protección a la salud y el medio ambiente deben regir la actuación de los poderes públicos».

Por tanto, daba la razón a la parte denunciante, el Partido Popular, de José Luis Martínez-Almeida, cuando estaba en la oposición, que se había opuesto fuertemente a la medida desde el principio y prometía derogarla en su programa y campaña electoral.