La libertad provisional o libertad bajo fianza es un término empleado en la legislación procesal penal de determinados países para referirse a la resolución judicial y al status en que queda un imputado, tras el fin de la medida cautelar personal de prisión preventiva.
Por lo mismo, el término ha sido objeto de críticas y ha caído en desuso en la misma medida que los Estados han sustituido sus respectivas leyes procesales penales por otras más respetuosas de las derechos fundamentales y el debido proceso.
Un ejemplo es el Código de Procedimiento Penal chileno de 1906, en el cual la resolución que sometía a proceso al inculpado lo sujetaba, además, a prisión preventiva mientras durara la investigación, salvo que, según el delito imputado, pudiere ser beneficiado con la libertad "provisional".
Dicha situación se revirtió completamente con la Reforma Procesal Penal de Chile y la promulgación del Código Procesal Penal de ese país del año 2000.
Si fue un depósito de dinero, el mismo es transferido al Estado y si es personal o se afectaron cosas se promoverá ejecución hasta cubrir el monto de la fianza.