La Ley Orgánica de Servicio Público, conocida por su acrónimo LOSEP, es una ley que regula cómo funciona la administración del talento humano en el sector público en Ecuador.
Fue ratificada por el presidente Rafael Correa, tras ser aprobada por la asamblea en plenaria.
Este mecanismo indemniza con hasta 5 salarios básicos del trabajador en general del año 2015, por cada año que el funcionario ha trabajado en el Estado,[3] hasta cierto límite.
[17] El Ministro de Salud Pública, David Chiriboga Allnut, declaró que en ese Ministerio se desvinculó a 1.300 personas, de las cuales 90 eran enfermeras y 100 eran médicos.
[18] Otras mil personas fueron desvinculadas bajo la figura de jubilación obligatoria.
800 personas fueron desvinculadas por jubilación obligatoria, al superar el límite de 70 años establecido en la LOSEP.
50 funcionarios del Ministerio de Salud en Esmeraldas, entre médicos y personal técnico.
[37] En 2019 fue el primer año en que la masa salarial en el Presupuesto General del Estado se redujo, de $9.459,5 millones en el Presupuesto de 2018, bajó a $9.385,3 millones para 2019.
[43] En noviembre de 2011, la oposición acusó a la medida de política y un mecanismo para reemplazar a funcionarios públicos antiguos por adeptos al régimen vigente.
[44] La Secretaría de Comunicación desmintió los reemplazos políticos y alegó que se buscarían reemplazos mediante concurso de méritos y oposición.
[46] La Federación de Trabajadores Libres del Ecuador, FETRALPI, realizó protestas en noviembre de 2011, lo que provocó la disposición del Gobierno a revisar puntualmente las desvinculaciones.
[54] En noviembre de 2011, el Asambleísta por MPD, Jorge Escala, anunció un juicio político contra el Ministro de Trabajo Richard Espinosa por el Decreto 813 y su aplicación.
[55] En mayo de 2012, el Consejo Administrativo de la Legislatura admitió a trámite un juicio político contra la misma autoridad planteado por la asambleísta por Loja Nívea Vélez.
[57] Diez médicos del Hospital Abel Gilbert presentaron acción de protección contra Fernando Martínez Florencia, director de dicho Hospital.
Argumentan que el Decreto 813 contradice las normas constitucionales: artículo 33 (derecho al trabajo), art.
[62] Solicitó como medida cautelar la suspensión provisional del Decreto 813, lo que no fue aceptado.