La Ley de Educación Ambiental Integral N° 27621[1]​ es una Ley de la República Argentina que establece el derecho a la educación ambiental integral como una política pública nacional  con el objetivo de promover la educación ambiental e incorporar los nuevos paradigmas de la sostenibilidad a los ámbitos de la educación formal, no formal e informal.

[2]​ Es transversal y subsidiaria a los 17 Objetivos de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible propuestos por Naciones Unidas a la que suscribe Argentina en 2015, centrada en este caso en el Objetivo 4 “Educación de Calidad” que establece en su meta 4.7 que los países deben “asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos técnicos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible”.

[3]​ La Ley de Educación Ambiental se basa en tres normativas preexistentes: Esta Ley tiene como principales instrumentos de implementación: la Estrategia Nacional de Educación Ambiental Integral (ENEAI) y de las Estrategias Jurisdiccionales de Educación Ambiental Integral (EJEAI): Con los objetivos de implementar la enseñanza en los diferentes niveles y modalidades educativas como en otros ámbitos de importancia; elaborar y diseñar políticas nacionales y orientar políticas jurisdiccionales; alcanzar la más amplia cobertura territorial, social y sectorial a nivel nacional y generar consensos sociales sobre los cuales establecer acuerdos temáticos y prioridades.

[1]​ También contempla estrategias y acciones de educación ambiental integral en el ámbito de las universidades (Artículo 2º), ampliándose a adecuaciones edilicias y a áreas de investigación para el abordaje de las problemáticas ambientales.

Así mismo, se complementa con la Ley Yolanda para la formación de los funcionarios públicos en educación ambiental.