La gran novedad de la ley Rouanet es la política de incentivos fiscales, que hace posible a las empresas (personas jurídicas) y a los ciudadanos (personas físicas) que apliquen una parte del IR (impuesto de renta) a acciones culturales.
La propuesta pasa por un examen de admisibilidad, que informa sobre su cumplimentación, su encuadramiento en la ley y la documentación obligatoria.
Una vez que la propuesta sea aprobada en ese examen, se transforma en un proyecto (con un número de Pronac).
Concluido el proyecto, el MinC realizará una evaluación de los resultados y publicará su conclusión en el DOU.
[4] En 2018, se tramitó en Senado Federal una propuesta para revocar la ley Rouanet.