La solución del gobierno hondureño consistió en expropiar tierras a los campesinos salvadoreños que habían vivido allí durante varias generaciones y que se habían hecho propietarios, además de expulsar a los jornaleros salvadoreños residentes en Honduras.
Esto llegaría al grado del uso de la violencia física contra algunos de ellos, hasta que se empezó a formar un grupo paramilitar encargado de dichas persecuciones que terminaría siendo la Mancha Brava.
Todas estas actividad se realizaban mientras un amenazante ambiente anti salvadoreño iba en aumento en el país lo cual solo hacia que estas fueran en aumento.
[5] Dichas actividades fueron denunciadas por el gobierno salvadoreño pidiendo a la OEA su intervención contra la violación de los derechos humanos en Honduras.
Sus miembros nunca fueron juzgados debido a que la dictadura de López Arellano continuaría hasta 1975.