La justicia administrativa es el procedimiento que se sigue ante un tribunal u organismo jurisdiccional dentro del Poder Ejecutivo o del ámbito administrativo para resolver las controversias que pueden existir entre los particulares y la administración pública.
Para algunos juristas, implica tanto los principios, como los procedimientos que establecen recursos con que cuentan los particulares para defender sus derechos; mientras que para otros es más amplia y comprende los órganos y entidades para la defensa de los derechos de los administrados frente a la actividad administrativa.
Además se encuentra incluida dentro de la legalidad que establece que la administración pública se produzca conforme a la ley con el propósito de mantener los actos de juridicidad.
El término también comprende el estudio de las garantías de la Administración para asegurar la legalidad y moralidad administrativas, además del respeto por sus derechos y sus intereses.
[1] La justicia administrativa cuenta con principios generales para su aplicación, entre los que destacan los siguientes: