Un impuesto revolucionario, también conocido como vacuna extorsiva,[1] es la denominación que suelen dar determinados grupos insurgentes a la extorsión económica.
Lo realizan determinadas organizaciones armadas y grupos terroristas que persiguen objetivos políticos.
Algunas de estas organizaciones, que lo han ejercido o todavía lo ejercen, son el IRA en Irlanda; ETA en España; las FARC-EP, el ELN en Colombia; la Liga Comunista 23 de Septiembre en México y el MRTA en Perú.
Durante la Revolución Cubana, el Movimiento 26 de Julio obtuvo recursos por este medio, cobrándole principalmente a los ingenios azucareros, los ganaderos y la banca.
[4] Todo el proceso de selección, información, presiones y cobro efectivo, iba marcado por características conocidas en las organizaciones de crimen organizado, en algunos casos, y realizado por personas pertenecientes a las diferentes organizaciones legales del entorno de las bandas armadas.