De acuerdo con la ley laboral chilena, la empresa tenía en el año 2006, como plazo para iniciar las negociaciones con los sindicatos acerca del nuevo contrato colectivo de trabajo.
Pese a los intentos de acercamiento entre las partes, los trabajadores reclamaban que las millonarias ganancias que había tenido la empresa no les llegan a ellos.
La empresa no aceptó la petición y presentó cambio de reajuste en 3% para el sueldo y otros beneficios (bono por término de conflicto, y bono por el precio del cobre) que sumaban $8.000.000 en total.
El sindicato no aceptó la propuesta, ya que sus liquidaciones mensuales se verían disminuidas entre un 10% y un 20% mensual porque eran dineros que según ellos, ya tenían y que pretendían transformar en bonos de riesgo o de cumplimiento, y si no los cumplían, perderían su dinero.
Como efecto secundario de la huelga, se produjo una fuerte presión al alza del valor de los minerales relacionados con la explotación, principalmente el cobre, el molibdeno y el níquel, llegando a muy altos valores.