En 1768 fue destinado a la Real Audiencia y Chancillería de Valladolid y en 1776 se le nombró regente de la chancillería mexicana.
En Proyecto de Abogado General del Público, presentado en 1767, Romá defendía la creación de una nueva figura jurídica, el abogado general, y la designación de un catalán como coordinador del proyecto.
La idea fue rechazada por la audiencia de Cataluña.
[1] Según el historiador Roberto Fernández, el Proyecto de Abogado General del Público «pretendía establecer en cada capital de provincia española una especie de promotor económico y de defensor de las causas de interés público (que debía ser natural de dicha provincia) con cierta autonomía respecto de las autoridades centrales, aunque siempre siguiendo la cadena de mando propia del régimen borbónico (pues no debía alterar "un ápice la Constitución del gobierno") y siempre buscando proteger e impulsar las reformas que este dictaminase en las diversas provincias del Reino, a las cuales había que tratar con deferencia para que así se consiguiese la felicidad plena de toda España».
Para Romá, la libertad económica era la base para las relaciones entre industria, comercio y agricultura, descartando las intervenciones estatales.