Partiendo del Pacto de Toledo, y tras diferentes acuerdos en foros y ámbitos de diálogo entre fuerzas políticas y sociales, el Gobierno español estableció un fondo especial de estabilización y reserva destinado a atender las futuras necesidades en materia de prestaciones contributivas originadas por desviaciones entre ingresos y gastos de la Seguridad Social española.
[2] Los excedentes de ingresos que financian las prestaciones de carácter contributivo y demás gastos necesarios para su gestión, que, en su caso, resulten de la consignación presupuestaria de cada ejercicio o de la liquidación presupuestaria del mismo, se destinarán prioritaria y mayoritariamente, siempre que las posibilidades económicas y la situación financiera del sistema de Seguridad Social lo permitan, al Fondo de Reserva de la Seguridad Social.
En caso de crisis, la ley determina que el Gobierno podrá retirar parte del fondo.
La cantidad límite que se puede extraer cada año no puede ser superior al 3% del gasto hecho en pensiones contributivas.
No obstante, ese límite se suspendió en 2012 por el Gobierno de Mariano Rajoy, que dispuso por decreto que el Gobierno podría disponer durante 5 ejercicios del dinero necesario, previa notificación al Congreso de los Diputados.