El caso Filesa fue un caso de corrupción consistente en la creación de una trama de empresas (Filesa, Malesa y Time-Export), cuyo fin era la financiación ilegal del Partido Socialista Obrero Español, para hacer frente a los gastos originados por las campañas electorales del año 1989.
Todos estos hechos fueron establecidos como probados por la Judicatura, como consecuencia de la querella presentada por la acusación que dirigió el abogado del Partido Popular Juan Ramón Montero.
Esta financiación ilegal consistía en inflar contratos públicos para recibir la comisión correspondiente.
[cita requerida] Fue realizada por Marino Barbero Santos, magistrado del Tribunal Supremo.
Comenzó en 1997, con el número de acusados rebajado a 12 (José María Sala y Grisó, Carlos Navarro Gómez, Luis Oliveró Capellades, Alberto Flores Valencia, Aida Álvarez Álvarez, Miguel Guillermo Molledo Martín, Luis Sánchez Marcos, Francisco Javier Iglesias Díaz, Julio Calleja González-Camino, Juan Antonio Molina Vivas, Eugenio García Mansilla y Diego Ramos Ramos) por los delitos de falsedad en documento mercantil, asociación ilícita, fiscal y apropiación indebida, entre otros.