Este involucramiento se le conoce como ejecución extrajudicial en según el derecho internacional humanitario.

Estos asesinatos tenían como objetivo aparentar resultados operacionales muy exitosos contra el narcotráfico y las guerrillas con el fin de obtener descansos, condecoraciones, retribuciones económicas u otros reconocimientos.

[8]​ Las cifras de víctimas del fenómeno varían ampliamente según la fuente y metodología usada por los investigadores.

Partiendo de este lenguaje militar, los medios de comunicación acuñaron el término "falsos positivos" para mencionar que los asesinados no eran guerrilleros, sino simples campesinos, estudiantes o desempleados.

Por ejemplo, el de Fabio Vásquez Villalba, quien fue llevado al Batallón Voltígero, donde fue incomunicado, torturado y asesinado.

Desde entonces han aparecido otros casos en Antioquia, Boyacá, Huila, Valle del Cauca y Sucre.

Siendo locaciones casi marginales, estos dos sectores fueron el objetivo para que militares engañaran a varios jóvenes con promesas de trabajo y, una vez engañados, los jóvenes eran trasladados argumentando que trabajarían en fincas principalmente, para luego ser vestidos con uniformes camuflados nuevos o que tenían escaso tiempo de uso y, posteriormente, asesinados.

Los 19 jóvenes aparecieron asesinados en Ocaña (Norte de Santander) y fueron presentados por el Ejército Nacional como guerrilleros muertos en combate.

El general Conrado, comandante de la Brigada 30 del Ejército Nacional, negó tal posibilidad y dijo que se trataba de personas que habían sido reclutadas por la guerrilla y se habían enfrentado al Ejército Nacional.

Algunas características comunes a los casos denunciados son presentar a las víctimas como muertos en combate, alterar la escena de los hechos antes del levantamiento del cadáver y en la mayoría de las ocasiones hacer que la Justicia Penal Militar asuma las investigaciones.

Asimismo, es reiterada la presentación de las víctimas sin identificar, como “NN”, aun cuando portaban sus documentos o se conocía su identidad.

Los incentivos económicos, días de descanso y reconocimientos otorgados sin control ni supervisión previa a quienes presentaron como resultados “muertos en combate” pudieron también alentar la repetición de esta preocupante práctica.

Aunque estos asesinatos no fueron cometidos como parte de una política oficial, encontré muchas unidades militares comprometidas con los llamados «falsos positivos», en los cuales las víctimas eran asesinadas por militares, a menudo por beneficio o ganancia personal de los soldados...

Generalmente las víctimas fueron atraídas bajo falsas promesas por un reclutador hasta una zona remota donde eran asesinadas por soldados, que informaban luego que había muerto en combate y manipulaban la escena del crimen.

[29]​ Según se ha reportado, Daza Hernández murió al recibir disparos en una acción conjunta de Ejército Nacional, Policía Nacional y Fuerza Aérea, y fue reportado como guerrillero sin que se haya demostrado evidencia al respecto.

[57]​ Además otros militares admitieron responsabilidad por 296 casos de falsos positivos en Casanare ante la JEP.

Cabe aclarar que muchos de ellos, como el mismo presidente del momento, Álvaro Uribe, o su ministro Juan Manuel Santos, no han sido investigados formalmente ni procesados por falsos positivos, sus nombres no se han vinculado a dichos procesos.

Se les da ese nombre a denuncias y casos comprobados sobre encarcelamiento de civiles inocentes presentados como culpables o sin las pruebas requeridas para su reclusión.

Las pruebas presentadas contra los judicializados, generalmente cuentan con contradicciones y en ocasiones han sido declaradas como flagrantes o determinadas en contra de derechos fundamentales y derechos humanos.

[73]​ Existen excepciones no determinadas “falsos positivos judiciales” que poseen características similares, como el caso de civiles judicializados por error debido al parecido de sus nombres con el algún jefe criminal o delincuente.

Tras pasar 14 años en prisión, Flórez obtuvo su puesta en libertad en 2014 por buena conducta, trabajo y estudio.

Flórez aun reclama su inocencia y debido a su condena vive en la pobreza.

Según el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), Bochas sería uno de los sicarios y el cual es reconocido por María Amparo Arroyave tras aparentemente reconocerlo aun con casco y a desde un edificio no muy lejos del lugar del crimen.