En 1914, la firma británica Vickers (a través de sus agentes japoneses Mitsui Bussan) ofreció a las autoridades navales japonesas un trato más lucrativo, que implicaba una comisión del 25%, con 40.000 yenes para el vicealmirante Matsumoto Kazu, antiguo jefe del Departamento Técnico de la Armada, que implicaba concretamente la adquisición del crucero de batalla Kongō.
Los periódicos japoneses, especialmente el Asahi Shimbun,[3] informaron inmediatamente de los detalles del escándalo de corrupción, y el tema fue planteado en la Dieta por miembros del partido político Rikken Doshikai.
Tanto los Servicios de Inteligencia del Ejército y la Marina como el Kempeitai iniciaron investigaciones.
La opinión pública se indignó aún más cuando se reveló que el enorme alcance del programa de expansión naval apenas dejaría espacio para otras cosas en el presupuesto gubernamental y que, por tanto, el gobierno planeaba aumentar los impuestos.
Con el comienzo de la Primera Guerra Mundial, un par de semanas después, se pidió a Vickers que reiniciara la producción del Kongō, y todos los hombres implicados fueron indultados y rehabilitados.