Se convirtió, en 2004, en la primera mujer en acceder a dicha Corte durante un gobierno democrático ya que la primera jueza en integrar el Tribunal, Margarita Argúas, fue designada durante el gobierno de facto de Roberto Marcelo Levingston.

[3]​ Al respecto, el gobierno nacional, a través del Ministerio de Justicia, pidió que se rechace la acción de amparo promovida por la jueza.

[13]​ La medida fue criticada alegándose que respondía a una posición corporativa.

[14]​ El miembro de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni, en cambio, había optado por otro criterio y presentó la renuncia en 2014 "en el acatamiento a lo dispuesto en el tercer párrafo del inciso cuarto del artículo 99 de la Constitución Nacional.

Por su parte Rosatti sostuvo que "si el legislador no previó un régimen diferenciado que excluyera la aplicación de la ley penal más benigna a los delitos de lesa humanidad no lo puede hacer ahora el juez".

La doctrina nacional se inclina en general por la del comienzo, criterio que comparto".

[19]​ Por su parte el abogado constitucionalista Daniel Sabsay dijo que su opinión era que la ley del 2×1 no se aplica a los delitos de lesa humanidad.