Así, la semana de trabajo en la Unión Europea debía seguir teniendo 48 horas como máximo, pero en virtud de acuerdos individuales se permitiría que empresario y trabajador pudieran alargar la jornada hasta 60 horas semanales, calculadas como media durante un periodo de tres meses, e incluso hasta 65 horas en algunos colectivos especiales.
Esta medida, pues, consagraría en toda la Unión el opt-out británico, asimilado en los círculos europeos y económicos a una presunta libertad de elección del trabajador.
[3] En concreto se indicaron como inconvenientes:[4][5] La directiva debía ser refrendada por el Parlamento Europeo.
El eurodiputado socialista español Alejandro Cercas fue el autor del "informe Cercas", un informe del Parlamento sobre la directiva que contenía una serie de enmiendas cuya aprobación por mayoría absoluta el 17 de diciembre de 2008 significó el rechazo del Parlamento a la polémica directiva.
[14] El resultado del voto contrario significa que se fijan 48 horas como máxima jornada laboral semanal, eliminando las cláusulas de no aplicación (opt-out) en un periodo de tres años que mantenían algunos países como el Reino Unido.