Aunque Miranda fue inicialmente liberada, su paradero actual es desconocido, y se presume que también está detenida.
Amnistía Internacional ha manifestado su preocupación por la desaparición forzada de San Miguel, mientras que la ONG Provea y el Frente Amplio de Mujeres han rechazado contundentemente su detención arbitraria y desaparición.
[4][5]Esta situación ha puesto en relieve las tensiones entre Estados Unidos y el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela.
Washington ha enfatizado la necesidad de que Maduro cumpla con los compromisos adquiridos anteriormente, particularmente en relación con el trato hacia la sociedad civil, los opositores políticos, los partidos y los candidatos presidenciales.
[6] Esta postura evidencia una preocupación específica por la represión contra la disidencia en Venezuela, haciendo un llamado a su cese y a la protección de los derechos de aquellos que defienden pacíficamente la democracia.
[8][9] El Canciller uruguayo, Omar Paganini, reafirmó esta preocupación a través de una publicación en la red social X, donde mencionó la decisión de llamar al embajador en Venezuela para consultas sobre los acontecimientos preocupantes que comprometen la viabilidad de elecciones libres, democráticas y competitivas en Venezuela.
[13] Esta acción del gobierno venezolano ha suscitado la condena y preocupación de numerosas organizaciones internacionales.