[23] Al mismo tiempo, Israel comunicó que estaba dispuesto, en principio, a devolver la mayor parte del territorio recién capturado.
[27] En 1978 y 1979 la Corte Suprema de Israel, impulsada por las nuevas políticas gubernamentales, se pronunció sobre dos casos importantes que establecen los requisitos para la legalidad de los asentamientos israelíes en el derecho internacional.
Los asentamientos en terrenos privados eran legales únicamente si se determinaba que era una necesidad militar; el propietario original retenía el título de la tierra y se debía pagar las cuotas de alquiler para su uso.
«La posesión [de las tierras públicas] no puede ser enajenada, ni su carácter básico transformado».
[35] La Unión Europea considera que Jerusalén es un corpus separatum,[36] y las Naciones Unidas consideran que la proclamación de Israel de Jerusalén como su capital es «nula y sin efecto».
[39] Israel firmó inicialmente el estatuto, pero más tarde declaró su intención de no ratificarlo.
[13][14][15][42][43] Según la BBC, todos los gobiernos del mundo, con excepción de Israel, consideran que los asentamientos son ilegales.
[49] En ella figuran un total de 94 empresas israelíes y 18 empresas extranjeras, como las estadounidenses TripAdvisor, Airbnb, Expedia, General Mills, Booking o Motorola, la británica JCB, las francesas Alstom y Egis Rail, la luxemburguesa eDreams o la holandesa Altice.
La Corte Internacional de Justicia concluyó que Israel había incumplido su obligación bajo el derecho internacional al establecer los asentamientos en Cisjordania, incluido Jerusalén Este, y que Israel no puede alegar el derecho a la defensa propia o el estado de necesidad para descartar la injusticia de imponer un régimen que es contrario al derecho internacional.
En concreto, dictaminó «la obligación de Israel de devolver la tierra y otros bienes inmuebles, así como todos los bienes confiscados a cualquier persona física o jurídica desde que comenzó su ocupación en 1967, y todos los bienes y activos culturales confiscados a los palestinos y a las instituciones palestinas, incluidos archivos y documentos», tras lo que añadió que «también exige la evacuación de todos los colonos de los asentamientos existentes y el desmantelamiento de las partes del muro construido por Israel que están situadas en el territorio palestino ocupado, así como permitir que todos los palestinos desplazados durante la ocupación regresen a su lugar de residencia original».
[58] Tanto en 2002 como en 2012, la Unión Europea expresó su opinión de que los asentamientos son ilegales.
[59] En noviembre de 2019, en una declaración realizada tras el cambio en la posición mantenida por los Estados Unidos durante cuarenta años, la Unión Europea afirmó que continuaba opinando que la actividad de los asentamientos israelíes en el territorio palestino ocupado es ilegal según el derecho internacional y erosiona las posibilidades de una paz duradera.
La jefa de la política exterior europea, Federica Mogherini, declaró que "La Unión Europea llama a Israel a terminar con su actividad en todos los asentamientos, en línea con sus obligaciones como potencia ocupante".
[61] Hansell encontró que «[s]i bien Israel puede llevar a cabo, en los territorios ocupados, las acciones necesarias para cumplir con sus necesidades militares y para proveer de un gobierno ordenado durante la ocupación, por las razones indicadas anteriormente el establecimiento de los asentamientos civiles en esos territorios es inconsistente con el derecho internacional».
[64] Las administraciones Johnson, Nixon, Ford, Carter caracterizan todas públicamente a los asentamientos como ilegales.
Dos Embajadores estadounidenses ante las Naciones Unidas han declarado que los asentamientos israelíes son ilegales: William Scranton y el expresidente George Bush.
El Secretario de Estado Cyrus Vance también dijo que los asentamientos eran ilegales.
[68] Agregó que «la resolución de la ONU deja Cisjordania abierta a todas las personas, árabes e israelíes por igual».
Esta es una posición que ha sido consistente durante una gran variedad de administraciones republicanas y demócratas».
En 2007, el juez Meron afirmó: «creo que le hubiera dado la misma opinión en la actualidad».
Tales delitos se han establecido en los tratados, como la Convención sobre el Genocidio y los Convenios de Ginebra.
En 2009, el secretario de Relaciones Exteriores británico, David Miliband, denominó a los asentamientos israelíes como «ilegales».
En 2024, el embajador del Reino Unido en Israel recordó que «los asentamientos son ilegales según el derecho internacional y hacen aún más difícil avanzar hacia una solución de este conflicto».
Stone sostuvo que era legal para Israel establecer asentamientos Nahal, necesarios para fines militares, a lo largo de las líneas de alto el fuego y en el Valle del Jordán.
William M. Brinton, un abogado internacional estadounidense, sostuvo que Israel era «al menos cuasi-soberano con respecto a ambas áreas [Cisjordania y la Franja de Gaza] bajo los principios del derecho internacional consuetudinario», y considera a los asentamientos legales.
Afirmó que el artículo 2 se aplica si existe un conflicto armado entre dos partes contratantes, independientemente del estado de los territorios en el derecho internacional antes del ataque armado.
Otra opinión del párrafo 6 es que se dirige contra los traslados de población en masa, como ocurrieron en la Segunda Guerra Mundial con fines políticos, raciales o la colonización; pero no hay soporte aparente o razón para limitar su aplicación a dichos casos.Esta interpretación fue adoptada por la Corte Internacional de Justicia en su opinión consultiva de 2004, y 150 países apoyaron una resolución no vinculante de la Asamblea General exigiendo a Israel a «cumplir con sus obligaciones legales recogidas en la opinión consultiva».
En realidad, Sir Elihu Lauterpacht y otros han argumentado que, a causa del desorden en Palestina en esa época, el marco territorial del Plan de Partición de 1947 no entró en vigor, de tal forma que, ipso jure se concedería a Israel la soberanía sobre el territorio asignado al estado judío bajo ese plan.
En dos casos resueltos poco después de la independencia (los casos Shimshon y Stampfer), la Corte Suprema Israelí declaró que las normas fundamentales del derecho internacional aceptadas como vinculantes por todas las naciones «civilizadas» fueran incorporadas en el ordenamiento jurídico interno de Israel.
En él se enumeran cuatro condiciones previas que deben cumplirse en cada caso.