[2] Desde 1964 hasta 1992 la Texas Petroleum Company (Texaco) junto con la estatal Petroecuador (en ese entonces llamada CEPE) explotaron yacimientos petrolíferos en la zona amazónica de Ecuador.
[3] Durante casi 30 años se habrían vertido aguas tóxicas y petróleo sobre zonas cultivables.
La empresa presionó para que la jurisdicción pasara a Ecuador y tuvo éxito.
[5] La empresa apeló la decisión del tribunal provincial e interpuso una demanda en la corte de La Haya contra el proceso judicial en Ecuador, argumentando que el presidente ecuatoriano Rafael Correa habría interferido en la decisión del tribunal.
La firma Patton Boggs además pidió disculpas al público por su involucramiento en el caso.