Los delegados presidenciales provinciales son elegidos y removidos libremente por el presidente de la República.

Este cargo fue creado por la reforma constitucional de 2017[1]​ y reemplazó a los gobernadores provinciales.

Para ser designado delegado presidencial provincial, se requiere:[2]​ No podrá ser delegado presidencial provincial el que tuviere dependencia de sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas ilegales, a menos que justifique su consumo por un tratamiento médico.

El delegado presidencial provincial será subrogado por el funcionario de más alto grado del respectivo escalafón administrativo; lo anterior se entiende sin perjuicio de la facultad del presidente para designar un suplente.

En su reemplazo fueron nombrados Miguel Ballesteros (en calidad de subrogante), Maricel Martínez Vicencio y Cristóbal Barceló Veas, respectivamente.