A partir del año 1988 desarrolló en la praxis el sistema acusatorio a través de la realización de las encuestas preliminares, en años en que las fiscalías no realizaban investigaciones.
Siendo defensor oficial instauró la necesidad de que los defensores civiles pudiesen intervenir en los casos de divorcios vinculares, los que hasta ese momento no eran tomados a los pobres, e instauró un sistema por el cual las mujeres pudiesen acceder a la operación de ligaduras tubarias a través del servicio público de Salud, cuestión que desarrolló a través de las acciones de amparos.
En 2018 los medios marplatenses publicaron la investigación periodística sobre los vínculos que unen a Daniel Eduardo Adler con Juan Pablo Almada Díaz, el principal imputado en una causa sobre trata de personas que se tramita en el mismo tribunal que Adler dirigía.
[2] Fundó en el año 2000 la “Red de Jueces Penales de la Provincia de Buenos Aires”, institución que se opuso a las políticas regresivas al sistema inquisitivo, en lo que se conoció como la contrarreforma propiciada por el Gobernador Ruckauf.
Fue el fiscal del caso “Labolita”, del caso “Molina” ( primer juicio donde se responsabilizó a un militar por situaciones de abuso sexual contra mujeres), “Base Naval 1”, caso “Moreno” ( donde por primera vez se mandó a investigar la responsabilidad civil empresaria vinculada a la desaparición de un abogado laboralista que defendía a los obreros de las cementeras), “Cueva y Cuarta” ( Circuito Clandestino de Investigación).
Actualmente se desempeña como Profesor Adjunto Regular de Penal I, fue titular en otras unidades académicas y es autor de numerosas publicaciones en revistas especializadas de circulación local, nacional e internacional.