Crisis judicial de Colombia
Los hechos culminaron 27 horas después, dejando un saldo de 98 muertos y varios desaparecidos y la destrucción de archivos de investigaciones contra magistrados, congresistas y personas que probablemente fueron cercanas a Pablo Escobar.
[5] Esto significó un antes y un después para la institucionalidad de la justicia colombiana, pues los altos tribunales tenían una gran credibilidad en esa época y un profundo respeto en diferentes estancias de la vida nacional.
Se destapó en 2017, y es considerado un caso ejemplar de disfuncionalidad judicial del Estado Colombiano.
[27][28] Otros implicados en el escándalo del Cartel de la Toga son: El exmagistrado de la Corte Suprema, Camilo Tarquino, y el senador Álvaro Ashton.
[30][31][32] Existe gran controversia por la notoriedad que se le ha dado al caso en los medios de comunicación por ser los acusados adinerados y tener influencia política.
Las investigaciones sobre el caso han sido dudosas y no avanzan, y se presume que llegue hasta la Corte Suprema de Justicia.
[33][34][35][36] En 2013 se dio a conocer la existencia del "Cartel de testigos falsos" el cual era una empresa criminal que ofrecía testigos falso que desviaban las investigaciones, causaban condenas contra inocentes y además recibían beneficios jurídicos.
[37][38] En 2018 se dio a conocer a la opinión pública que hay más de 28 procesos judiciales en contra del expresidente y actual senador Álvaro Uribe en la Corte Suprema de Justicia que no avanzan y que han generado varias críticas a nivel nacional en torno a la corrupción del sistema judicial colombiano.
[41] En febrero de 2018, la revista SEMANA publicó las pruebas que llevaron a la Corte Suprema de Justicia a abrir una investigación en contra del expresidente Álvaro Uribe por los presuntos delitos de soborno y fraude procesal en el caso denominado de falsos testigos contra el senador Iván Cepeda.
Además meses pasados fueron reveladas grabaciones que involucran al fiscal general de Colombia, Néstor Humberto Martínez, con irregularidades y posibles delitos de la constructora brasileña Odebrecht.
Las grabaciones fueron entregadas por Alejandro Pizano testigo clave en la investigación, quien falleció en noviembre de 2018 y, días después, su hijo apareció envenenado con cianuro tras beber agua de una botella.
Debido a la presión ejercida por la opinión pública, el expresidente Juan Manuel Santos decidió objetar su aprobación y convocar al Congreso a sesiones extraordinarias con el fin de revocarla.
[58] Por su parte el senador Germán Varón proponente de la iniciativa que busca corregir el actual sistema judicial señaló:
