De esta manera, el 37% del caudal se debe repartir trimestralmente, mientras que el 63% restante se puede dejar fluir a conveniencia de las empresas hidroeléctricas españolas (Endesa e Iberdrola, principalmente).

[7]​ En noviembre de ese año, la situación del caudal del Tajo causó preocupación en Portugal debido a que el embalse de Cedillo se encontraba prácticamente vacío.

Este embalse recorre el tramo internacional del Tajo, es propiedad de España (gestionado por Iberdrola),[8]​ y es la puerta de entrada del agua a Portugal.

Para intentar cumplir con las obligaciones del Convenio, en agosto de ese año el Gobierno español liberó grandes cantidades de agua (hasta un 40% del flujo anual[6]​), lo que provocó un caudal muy irregular que afectó negativamente a la agricultura y naturaleza de Portugal.

[3]​[6]​ Por otro lado, la respuesta del Ministerio para la Transición Ecológica fue que España estaba realizando «un importante esfuerzo para cumplir de forma estricta con los términos establecidos por el Convenio, a la vez que se atienden las demandas internas».