El consumo de tabaco en Argentina está regulado por numerosas leyes antitabaco en diferentes provincias, y a su vez, existe una campaña del gobierno nacional contra el tabaco y su respectiva publicidad.
El gobierno sólo recauda 3500 millones de pesos por año por impuestos al cigarrillo.
Los analistas culparon por dicha demora al constante cabildeo que efectuó la industria tabacalera argentina, así como también por las previos intentos fallidos de establecer políticas antitabaco serias.
Es un plan creado en todo el país para prevenir los consumos problemáticos, asistir en forma gratuita a las personas que lo sufren e integrarlos socialmente.
La ley contempla multas para quienes la quebrantan, ya sean tabacaleras, negocios o particulares.