[1] La Constitución definió al Estado como una monarquía parlamentaria, carácter que mantuvo hasta la implantación de la dictadura real en 1938.
[1] La Constitución garantizaba el derecho a voto secreto de todo varón adulto.
[1] En la práctica el poder ejecutivo quedaba en manos del Consejo de Ministros.
[1] De manera similar a Gran Bretaña, los ministros del consejo eran nombrados por el rey, pero respondían ante el Parlamento (artículos 92, 100 y 101).
[1] A pesar de que todo varón adulto tenía derecho a voto el sistema no era equitativo, dependiendo el valor del mismo en la educación y riqueza del votante.
[5] El país quedaba dividido en treinta y dos distritos, cada uno administrado por un prefecto, nombrado por el ministro del Interior, que, además, controlaba la organización de las elecciones.
[6] Las subprefecturas se dividían a su vez en comunas (ayuntamientos), regidos por alcaldes, supervisados por los subprefectos y administrados por una junta municipal.
[10] Los poderes de las juntas locales eran mucho menores que los de las municipales, no contaban con presupuesto propio, no podían avalar a sus vecinos ni contaban con policía propia.
[9] Los poderes otorgados por la constitución al monarca marcaron profundamente la política rumana:[8] mientras que en Europa occidental los Gobiernos eran fruto de las votaciones, en Rumanía el proceso fue el inverso: el rey nombraba un consejo de ministros que, a su vez, convocaba elecciones, que siempre resultaban en una abrumadora mayoría del partido en el Gobierno.
[9] La primera tarea de cualquier Gobierno era la designación de prefectos de distrito, que durante el periodo anterior a las elecciones ejercían gran presión sobre los votantes para asegurar la victoria del partido gubernamental, prometiendo favores a los electores del primer y segundo estados e intimidando a la oposición.