En un discurso retransmitido por televisión señaló que se reforzaría el papel del parlamento y la autonomía de las regiones, el poder del jefe del gobierno, la ampliación de las libertades y se reconocería como lengua cooficial el idioma bereber, la lengua amazigh, sometiéndose la reforma a referéndum.

Con las revueltas, se retiró el rey dos veces al castillo familiar en Betz (Francia), pero solo con un reducido número de consejeros.

A su regreso ordenó la preparación de un proyecto más amplio, dictó una amnistía que afectó a buen número de presos islamistas, entre ellos a Chakib al Khayari y recibió en su palacio durante varios días al rey de España, Juan Carlos I, en una visita privada.

[5]​[6]​ El texto fue redactado por el Consejo Constitucional, dirigido por Abdelatif Menouni, y fue presentada a los partidos políticos el 7 de junio por un consejero real.

Por su parte, los líderes del Movimiento 20 de febrero, el izquierdista Vía Democrática, la organización Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH) y el sindicato CDT, solicitaron el boicot al proceso pidiendo que los ciudadanos no acudieran a votar.

Estos últimos concentraron su mayor número de manifestantes en Casablanca (10 000 manigestantes), en Tánger (8.000) y, en general, en la zona norte del país.

Los líderes religiosos, en la oración del viernes anterior a la votación, apoyaron un texto remitido por el ministerio de Asuntos Religiosos en el que se pidió expresamente el voto favorable, lo que fue muy criticado por el Movimiento 20 de Febrero y otras fuerzas opositoras.

El sistema político toma como base la democracia, la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos, la descentralización regional y la unidad del reino.

[3]​ Se establece el Islam como la religión oficial del Estado, reconociendo la libertad de cultos.

También puede el rey pedir a cualquiera o a ambas cámaras del Parlamento una segunda lectura de una ley, en cuyo caso la resolución adoptada por el parlamento tras esta segunda lectura no podrá ser ya cuestionada.

Tres quintas partes de los miembros son elegidos por las autoridades locales en proporción a su población.

[3]​ El Tribunal Constitucional está compuesto por doce miembros que se eligen por un período de nueve años.

Al Tribunal Constitucional le corresponden las atribuciones de control establecidas en la constitución y las leyes orgánicas, singularmente las que se refieren a todos los procesos electorales en los que velará porque se ajusten adecuadamente a los procedimientos establecidos.

Corresponde a una ley orgánica determinar el contenido de los derechos reconocidos en la constitución.