Asimismo, la Comisión tenía el deber de identificar e impulsar las acciones pertinentes para que el lenguaje jurídico sea más comprensible para la ciudadanía.
El plazo para el cumplimiento de este mandato era de doce meses a contar desde su primera reunión y concluyó a comienzos del año 2011.
Señala el Informe, al analizar el nuevo "derecho a comprender", quizá su aportación más ambiciosa, que "una justicia moderna es una justicia que la ciudadanía es capaz de comprender".
No ha sido la primera iniciativa de esta naturaleza.
Esta Comisión nunca llegó a constituirse y no pudo, por tanto, iniciarse la ambiciosa tarea que había sido marcada por el Gobierno.